El consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, ha señalado que "pondrán a disposición del juzgado todo lo que se les pida" sobre las ayudas a cursos de formación que investiga la juez Mercedes Alaya y pide "celeridad" en la aclaración de lo ocurrido, toda vez que destaca que el Gobierno "ha puesto en marcha mecanismos" y "ya está trabajando en una ley de formación".
Jiménez Barrios se ha pronunciado así después de que la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, dentro de la investigación por las presuntas irregularidades en relación a las ayudas a cursos de formación y subvenciones por parte de la Junta de Andalucía a sindicatos y otras entidades, considere que la Junta habría concedido 950 millones de euros en subvenciones a la formación sin justificar entre los años 2008 y 2011.
En declaraciones a los periodistas en Sevilla antes de la reunión del pleno de la Mesa de ordenación e impulso del sector audiovisual, el consejero ha señalado que "pondrán a disposición del juzgado todo lo que se les pida, con la mayor celeridad y siempre con la máxima colaboración". Pero, añade, "vamos a pedir también que haya celeridad en la aclaración de lo que haya ocurrido".
En cualquier caso, Jiménez Barrios ha apuntado de desde el Gobierno "se han puesto en marcha mecanismos", de modo que la "financiación se fiscaliza con anterioridad, las exoneraciones no se producen en este momento, y ya se está trabajando en una ley de formación por parte de los consejillos correspondientes".
"CELERIDAD" PARA EL CASO ERE SE ELEVE AL SUPREMO
Por otra parte, y sobre el posible envío de la juez Mercedes Alaya del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares al Tribunal Supremo, el consejero ha señalado que "llevan pidiéndolo desde hace mucho tiempo" y que "lo que hay que procurar es que eso se produzca ya, con la mayor celeridad, en beneficio de la transparencia, de la información y del conocimiento del asunto".
