El Gobierno andaluz ha aprobado en su reunión de este martes la Agenda por el Empleo 2014-2020, un plan plan económico, acordado con los principales agentes sociales de la comunidad y con una previsión presupuestaria de 45.305 millones de euros, que fija como meta superar los 3,2 millones de ocupados en su último año de vigencia.

   Este documento, que será remitido al Parlamento andaluz,    establece las estrategias que se desarrollarán en los próximos siete años para recuperar el empleo perdido durante la crisis y reorientar el modelo productivo andaluz hacia criterios de competitividad, la sostenibilidad medioambiental y cohesión social y territorial.

   El documento, que también recoge la programación de las ayudas correspondientes al nuevo marco de los fondos europeos para el mismo periodo, propone como metas fundamentales superar en 2020 los 3,2 millones de ocupados, recuperando así los niveles previos a la crisis, y elevar el Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad hasta los 180.000 millones de euros.

   En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez, ha señalado que esta agenda parte de un diagnóstico realista, pero "con ambición", fruto de un análisis profundo y se rige por los principios de participación, transparencia y evaluación. Ha indicado que se trata de un instrumento básico para salir de la crisis de manera rápida y sin dejar a nadie atrás, con el empleo como principal objetivo y con una clara apuesta por la cohesión social y territorial.

   Ha señalado que el reto de alcanzar los 3,2 millones de ocupados es "realista", porque el Gobierno andaluz solo se marca objetivos cumplibles y realistas.

   Vázquez ha explicado que para cumplir con los objetivos recogidos en la agenda, se prevé una dotación financiera de 45.305 millones, de los 21.113 corresponden a la Junta y 24.191 se le van a exigir al Gobierno central para que lo invierta en Andalucía, computando los fondos europeos que Estado tiene que invertir en esta comunidad, 6.838 millones; a través de su deuda con esta comunidad por el imcumplimiento de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto, lo que supone 2.299 millones, y a través de las inversiones de los recursos que el Estado tiene que destinar a la comunidad en razón de la población, lo que supondría 13.813 millones, a los que habría que sumar 1.241 del FCI.

   El portavoz, que ha señalado que es fundamental un cambio de la política de la Unión Europea para que la salida de la crisis sea más rápida y se genere riqueza y empleo, ha confiado en que el actual Gobierno cumpla con el Estatuto de Autonomía y aporte esos recursos y en que pronto haya un Ejecutivo socialista en el país que dé a esta comunidad lo que le corresponde.       

   En el terreno económico, la agenda también plantea incrementar en un 20 por ciento el número de empresas de entre 10 y 50 trabajadores, elevar el peso del sector industrial hasta el 22 por ciento del Valor Añadido Bruto (VAB) y lograr que las exportaciones superen el 20 por ciento del PIB y el gasto en I+D+i alcance el 2,2 por ciento.

   A estos objetivos económicos se añaden otros de tipo social, ambiental y territorial, como reducir la tasa de riesgo de pobreza por debajo del 15 por ciento del total de la población, frente al 30 por ciento actual; superar el 20 por ciento de consumo de energía primaria procedente de fuentes renovables; incrementar en más de un 20 por ciento el nivel de eficiencia energética, y reducir en un 10 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero.

   En la elaboración de este plan, además de la Confederación de Empresarios de Andalucía y los sindicatos UGT y CCOO, también han participado otros agentes sociales representativos de la economía social, los trabajadores autónomos y los consumidores y usuarios.

   El texto fija como principales líneas estratégicas las encaminadas a la generación de empleo; el fortalecimiento de las pymes; la inclusión social y lucha contra la pobreza; la mejora de la competitividad, la innovación y el conocimiento; el desarrollo de la economía digital; la reactivación industrial; la transparencia institucional, y la sostenibilidad medioambiental, energética y de transportes.

1.512 MEDIDAS, ONCE GRANDES EJES DE INTERVENCIÓN

   De acuerdo con los objetivos planteados, la Agenda por el Empleo establece 1.512 medidas distribuidas en once grandes ejes de intervención y tres líneas estratégicas: una económica, centrada en el empleo y la competitividad; una ambiental y territorial para un modelo productivo más sostenible, y otra social e institucional orientada a la cohesión y a un crecimiento al servicio de las personas.

   Estos once ejes son los relativos a investigación, desarrollo tecnológico e innovación; tecnologías de la información y la comunicación; competitividad de las pymes; transición a una economía baja en carbono; prevención del cambio climático; protección ambiental; promoción del transporte sostenible y de las infraestructuras; empleo y movilidad laboral; lucha contra la exclusión social; educación y aprendizaje permanente, y mejora de la capacidad institucional y de la eficiencia de la administración pública.

   La Agenda por el Empleo, que también será remitida a la Comisión Europea, coincide en su periodo de aplicación con el nuevo marco de los fondos europeos. Este nuevo escenario está marcado no sólo por la disminución global de recursos, que se produce por primera vez en la Unión (especialmente en la política de cohesión, con un 8,4% menos), sino también por el descenso que afectará a Andalucía al pasar de "región de convergencia" a "región en transición".

   Entre 2014 y 2020 la comunidad gestionará un gasto 7.742,77 millones de euros, lo que supone un 14,82% menos que en el marco anterior. Esta cantidad podría incrementarse en alrededor de 1.500 millones con la aplicación de la cláusula de revisión de 2016, en función de la situación económica y las perspectivas de crecimiento.

   Pese a la disminución, la Agenda por el Empleo se verá respaldada en algunos de sus ejes principales por los nuevos reglamentos del marco de fondos europeos, que obligan a destinar un mínimo de recursos para aquellas políticas más directamente vinculadas a la reorientación del modelo productivo.

   Así, en las referidas a I+D, pymes y tecnologías de la información y la comunicación, la aplicación de la normativa comunitaria supondrá una concentración de gasto de casi 1.500 millones de euros. De igual modo, para políticas de economía baja en carbono se garantiza un mínimo de 398 millones, además de 282 millones para la lucha contra la pobreza y la exclusión social y 392 para el fomento del empleo juvenil.