El Partido Socialista quiere que el Parlamento andaluz reclame al Gobierno de la Nación que derogue el Real Decreto-ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) y restablezca el modelo de "cobertura universal", de forma que las personas vuelvan a ser "titulares del derecho" a la salud en lugar de tener "condición de asegurado".
Así lo plantea a través de una proposición no de Ley registrada para su debate en la Comisión de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Cámara autonómica y que ya ha sido admitida a trámite por la Mesa, aunque no podrá debatirse hasta el próximo periodo de sesiones que se inicia en septiembre.
En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PSOE-A recuerda que el Gobierno justificó la necesidad del Real Decreto-ley 16/2012 "en la descoordinación de los servicios de salud autonómicos, que originaba diferencias en los servicios y prestaciones a los que acceden pacientes en las diferentes comunidades" y en que "datos estructurales y cifras significativas del gasto sanitario público muestran que la sanidad pública no podía obviar por más tiempo una situación claramente incompatible con su imprescindible sostenibilidad".
Sin embargo, los socialistas defienden que, aunque esta norma fue dictada por el Gobierno de la Nación "al amparo de un supuesto ahorro económico y de eficiencia para afrontar los problemas de suficiencia financiera del sistema", ese "supuesto ahorro económico no se ha demostrado hasta el momento".
NORMA "INNECESARIA Y DIFÍCILMENTE MEDIBLE EN SU EFICACIA"
Junto a ello, el PSOE-A destaca que "distintas comunidades autónomas se han opuesto a aplicar el Real Decreto-ley y han buscado alternativas o desarrollado regulaciones regionales para asegurar la cobertura sanitaria a las personas que han perdido desde el 1 de septiembre de 2012 su condición de asegurado", lo que, en su opinión, convierte en "innecesaria" la norma estatal "y, en cualquier caso, difícilmente medible en su eficacia".
Por último, el Grupo Socialista pide al Ejecutivo central que tenga en cuenta "el retroceso que supone el Real Decreto-ley para los derechos de las personas, la contestación por parte de numerosas asociaciones e interlocutores sociales, la regulación diferencial que han realizado las comunidades autónomas para paliar la situación de desprotección que supone obre la condición de asegurado y la mejora de las condiciones económicas del país y de la Hacienda española que ha declarado el propio Gobierno de la Nación".
