El Ministerio de Fomento cree que es culpa de la Junta de Andalucía que el Gobierno presentara un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra su Ley Antidesahucios, ya que "no consideraba modificar sus criterios" durante las negociaciones lo que acabó desembocando en la aprobación de una norma "inconstitucionalidad a juicio de la Administración General del Estado".
Así lo explica en respuesta al portavoz adjunto de Economía del PSOE en el Congreso, Antonio Hurtado, quien presentó una pregunta parlamentaria para saber si el Ministerio de Fomento atendería la solicitud de la Junta de convocar una comisión bilateral para "dirimir las cuestiones de competencias" respecto de la Ley andaluza de la Función Social de la Vivienda.
En su respuesta, que recoge Europa Press, el Ejecutivo recuerda que durante la tramitación de la ley en el Parlamento de Andalucía el Gobierno regional planteó la posibilidad de "realizar negociaciones para resolver las diferencias existentes", ofrecimiento que la Administración central aceptó.
"Sin embargo, no fue posible llegar a un acuerdo porque la Junta no consideraba modificar sus criterios, que determinan se incurra en inconstitucionalidad a juicio de la Administración General del Estado", añade el texto, en el que el Ejecutivo insiste en que su recurso "tiene sólida base jurídica".
En cualquier caso, el Gobierno asegura mantener su "disposición a negociar" siempre y cuando se parta, "lógicamente, de la voluntad de la Junta de modificar determinados aspectos de la norma".
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