Así lo revelaron a Europa Press fuentes judiciales, que precisaron que los cinco acusados argumentaron que no hicieron nada "que no haga todo el mundo" al tiempo que describieron las prácticas por las que fueron detenidos el pasado día 30 como algo "establecido por sus superiores y que se sabía en todos los ámbitos" de la Administración del Estado en la provincia pese a que matizaron que podrían cuestionarse "como más o menos adecuadas en aras de la eficiencia" del servicio.
Durante su declaración en la sede el Juzgado de Instrucción número 6, que se prolongó hasta pasadas las 03,00 horas de hoy, todos rechazaron los indicios que, al parecer, les atribuyen la pertenencia a una trama, según las actuaciones prácticas sobre las que se ha decretado secreto. En esta línea, las mismas fuentes calificaron lo que, de momento, ha trascendido de los hechos más como una consecuencia del "mal funcionamiento" de la Oficina de Extranjería ubicada en la calle Marruecos que como una red organizada.
El juez, quien decretó la libertad bajo fianza de 6.000 euros para todos a excepción de unos de los policías de la escala básica, que tendrá que abonar 3.000 euros en un plazo de seis días después de alegar imposibilidad para reunir la cantidad exigida para eludir la prisión preventiva, tomó también testimonio a las cuatro personas arrestadas el pasado miércoles en el municipio de El Ejido, así como al inspector jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación, quien ha quedado en libertad sin cargos.
De su relato, se desprende que la actuación del Servicio de Investigación Interna del Cuerpo Nacional de Policía en el municipio de la Comarca del Poniente almeriense estaría desvinculada de los arrestos desarrollados en la Oficina de Extranjería pese a lo cual el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Almería dictó también libertad bajo fianza de 6.000 euros aunque ninguno de ellos, al igual que los otros cuatro detenidos tendrá que personarse ante el juez como medida preventiva.
En este caso, tal y como aseguraron fuentes judiciales, se trataría de actos presuntamente "fraudulentos" en relación con la Agencia Tributaria, por lo que se imputa un presunto delito de falsedad documental al propietario y a un trabajador de una gestoría ejidense, así como a un empleado público. La implicación ahora descartada del inspector jefe partió de las escuchas telefónicas autorizadas a partir de noviembre de 2008 a los efectivos del CNP desplazados desde Madrid.
Los primeros policías arrestados rechazaron responder "por penoso" a las preguntas en comisaría realizadas por sus compañeros. El subinspector al mando de los agentes adscritos a la Oficina de Extranjería, de 61 años y cerca de 40 de servicio en el cuerpo, argumentó "en todo momento" su desconocimiento de los hechos y confesó sentirse "anímicamente destruido" por la vinculación que le atribuyen con la red.
Por otro lado, fuentes de la investigación confirmaron a Europa Press la adopción de medidas cautelares disciplinarias aún no comunicadas a los policías. El expediente disciplinario incoado por la Dirección General de la Policía (DGP), a la espera de la resolución que se dicte una vez pasen a disposición judicial, supone la retirada a los agentes de la placa identificativa, el carné profesional y el arma reglamentaria.
Los efectivos desplazados desde Madrid del servicio de investigación interna del Cuerpo Nacional de Policía han sometido, asimismo, a un "minucioso registro" las taquillas, archivos y documentación que obraba en poder de los tres detenidos, así como el ordenador personal que utilizaban para desempeñar sus tarea.
MÁS IMPUTADOS
La denuncia de la que deriva la actuación del servicio de investigación interna del Cuerpo Nacional de Policía parte de un empleado de la Oficina de Extranjería de Almería, quien comunicó las presuntas irregularidades de forma directa a la DGP y al que atribuyen "una relación muy tensa" con el policía que ostenta la jefatura en esta oficina, también detenido.
En esta línea, las mismas fuentes aseguraron que, de momento, los precedentes de las "malas relaciones" entre denunciante e implicados aconsejan poner la veracidad de los hechos "en cuarentena" al tiempo que expresaron su desacuerdo con la intervención del servicio de investigación interna, que calificaron de "calamitosa" ya que, a su juicio, "en el peor de los casos se trataría de una sanción administrativa".
En concreto, revelaron que en noviembre de 2008 el citado trabajador fue denunciado por un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, por lo que, pese a que sólo se le imputó por presunto cohecho, prestó declaración en sede judicial y se dictaron contra él medidas preventivas consistentes en la personación en el juzgado.
La representación legal de los detenidos que han quedado en libertad bajo fianza por unos hechos en los que hay también un número que no ha trascendido de imputados, algunos ciudadanos extranjeros, pedirá en próximos días que se levante el secreto de sumario decretado sobre las diligencias y la revocación de las medidas judiciales preventivas adoptadas.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
