El juez de Sevilla que investiga el caso de las presuntas facturas falsas de UGT para cursos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía ha levantado el secreto de sumario que pesaba sobre estas actuaciones desde el pasado mes de septiembre de 2013, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.
Las mismas fuentes han precisado que el juez de Instrucción número 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, ha decidido no prorrogar el secreto de sumario, que vencía a principios del presente mes de julio, levantando por tanto dicha medida, tras lo que está previsto que el Juzgado dé traslado de las actuaciones a las partes personadas en los próximos días.
En esta causa hay un total de 16 imputados y todos ellos quedaron en libertad con cargos por presuntos delitos de falsedad documental y contra la Hacienda Pública en su modalidad de fraude en subvenciones tras ser detenidos por la Guardia Civil en el marco de la segunda fase de la denominada operación 'Cirene' desarrollada por la Guardia Civil el pasado 24 de junio.
Entre los imputados figuran el exvicesecretario general de Administración y Recursos Humanos de UGT-A Federico Fresneda, que fuera responsable de las finanzas del sindicato, quien declaró al juez que no tiene conocimiento de la existencia de facturas "falsas" ni de la existencia de partidas "infladas" en las mismas.
De este modo, manifestó que él no era el responsable de solicitar ni de gestionar las subvenciones, algo que dependía de la Secretaría de Gestión Económica de UGT-A, a cuyo frente se encontraba la también imputada María Charpín.
Así, Federico Fresneda dijo en su declaración que las facturas le llegaban "ya hechas con el cargo y el programa" al que correspondían.
TRES SINDICALISTAS IMPUTADOS
Ante el juez también comparecieron otras dos sindicalistas detenidas por la Guardia Civil en el marco de la segunda fase de la operación 'Cirene', como son Dolores Sánchez, como responsable de compras de UGT-A, y la propia María Charpín, que ocupó el puesto de secretaria de Gestión Económica.
En su declaración, Charpín explicó que, como jefa del equipo de UGT-A encargado de tramitar las subvenciones, su misión consistía en enterarse de las subvenciones que concedía la Junta y rellenar y justificar los papeles para conseguir dichas subvenciones.
Esta imputada defendió ante el juez instructor que actuó siempre "cumpliendo la Ley y el reglamento de Andalucía" y negó haber participado en un desvío de fondos a través de mecanismos como el 'rappel' o el 'bote'.
UNA SOLA FACTURA
De su lado, Dolores Sánchez explicó que, como responsable de compras del sindicato, a ella le llegaban órdenes en cuanto a las necesidades de compra, preguntaba si había presupuesto y, en caso afirmativo, efectuaba dichas compras, y explicó que en ocasiones podría ocurrir que el proveedor emitiera una única factura aunque por materiales recibidos en varias entregas y, por tanto, con varios albaranes.
Finalmente, quedaron en libertad con cargos los 16 detenidos en la segunda fase de la operación 'Cirene', entre ellos diez representantes de empresas radicadas en Madrid, Jaén y Sevilla, los cuales negaron haber elaborado "facturas falsas" para UGT-A, aseguraron que "actuaron dentro de la legalidad vigente" y que siguieron las "indicaciones, pautas y parámetros" marcados por el sindicato.
Asimismo, una representante de la empresa Siosa de Madrid fue puesta en libertad por la Guardia Civil, mientras que los dos representantes de la empresa Carpetas Abadías de Agost (Alicante) detenidos fueron puestos a disposición del juzgado de guardia de Novelda, que los dejó también en libertad.
SEGÚN LA GUARDIA CIVIL, UGT-A SE FINANCIÓ MEDIANTE ESTE "FRAUDE"
La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha permitido definir "diversos métodos utilizados para desviar el dinero de las subvenciones a otros fines diferentes, en este caso presuntamente a una financiación del propio sindicato", considerando que "la vía más importante en la financiación" de UGT-A "podría haber sido esta presunta práctica ilícita".
Según la UCO, estos procedimientos "eran ejecutados por personal que trabajaba para UGT-A, el cual sería dirigido por un responsable de la citada organización", tratándose además de un fraude que "se realizaba de manera sistemática año tras año, siendo perfeccionado en el transcurso del tiempo".
Fue la Audiencia Provincial de Sevilla la que acordó que la juez Mercedes Alaya dejara de investigar el caso de las presuntas facturas falsas de UGT-A y que dicha investigación, iniciada a raíz de las numerosas denuncias presentadas por Manos Limpias, recayera en el juez Juan Jesús García Vélez, ya que entiende que esta investigación no guarda relación alguna con el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.
LAS DENUNCIAS DE MANOS LIMPIAS
En el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla recayó la primera denuncia formulada por Manos Limpias el 13 de agosto de 2013 contra los dirigentes de UGT-A por "falsear facturas para pagar pancartas y publicidad para la huelga general de 29 de septiembre de 2010, cuando los fondos tenían una finalidad de formación para desempleados", y "pagar con fondos finalistas de formación para desempleados gastos de funcionamiento".
El resto de ampliaciones de denuncias interpuestas por Manos Limpias, finalmente, se han acumulado a esta primera, iniciando el juez Juan Jesús García Vélez una investigación en la que trata de esclarecer el "desvío" de fondos de formación "y otros" por parte del sindicato UGT.
