El Gobierno estima que el gasto en bonificaciones a la contratación derivada de las medidas laborales incluidas en el decreto ley de Medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia ascenderá a unos 543,5 millones de euros hasta el año 2018, si bien gran parte de esos fondos serán reembolsables para el Estado, cuyo gasto real será de unos 80,4 millones de euros.
Así se recoge en la memoria de impacto del decreto ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, donde se cuantifican los costes económicos de las bonificaciones para el fomento de la contratación, a la cotización empresarial del contrato en prácticas y a los contratos a tiempo parcial vinculados a formación firmados con beneficiarios de la Garantía Juvenil, así como de la aplicación de la tarifa plana de 100 euros a los socios trabajadores o de trabajo de las sociedades laborales.
En concreto, la bonificación para el fomento de la contratación de los beneficiarios de la Garantía Juvenil tendrá un coste de unos 393,1 millones de euros, repartidos entre 41,23 millones este año, 197,9 millones el próximo y 153,93 millones en 2016. Eso sí, estas cifras resultan de mantener constantes las cifras de contratos firmados en lo que va de año y su reparto entre tiempo indefinido y parcial.
GARANTÍA JUVENIL.
Además, el Gobierno recuerda que el trámite del registro en el sistema retrasará la puesta en marcha de estas bonificaciones hasta agosto, y que el gasto se extenderá hasta diciembre de 2016, con una evolución exponencial mes a mes según se vayan incorporando nuevas altas al sistema. El pico de gasto se alcanzará en enero de 2015, con unos 16,5 millones de euros, y se mantendrá constante hasta julio de 2016, cuando comenzará a menguar.
En cualquier caso, dado que esta medida está incluida en el Programa Operativo de Empleo Joven, el 92,5% de su coste serán reembolsados por la UE, por lo que el gasto real para las arcas públicas ascenderá a casi 29,5 millones de euros en todo el periodo.
Además, "estas cifras podrían verse minoradas por el incumplimiento de determinados requisitos que impedirían la aplicación de la bonificación y por la circunstancia de que no todos los menores de 25 años cumplirán los requisitos necesarios".
La otra medida que beneficiará a los jóvenes inscritos en la Garantía Juvenil es la bonificación de cotizaciones empresariales de los contratos en prácticas, que podrá aplicarse durante un plazo máximo de dos años. De hecho, para hacer sus cálculos de gasto el Gobierno ha considerado que todos los contratos se prorrogarán hasta su duración máxima y que se mantendrá su misma evolución y la base reguladora media de 1.000 euros.
Así, se destinarán a estas bonificaciones 143,04 millones de euros, repartidos entre 3,76 millones este año, 34,63 millones en 2015, 63,24 millones en 2016, 37,64 millones en 2017 y 3,76 millones en 2018. El aumento de las cuantías alcanzará su máximo en julio de 2016, y a partir de ahí menguarán hasta mayo de 2018, cuando ya no habrá gasto. También el 92,5% de este coste será reembolsado por Europa, con lo que el gasto real para el Estado será de 10,73 millones de euros aproximadamente.
La previsión es que estas dos medidas se financien este año con remanentes de crédito en la partida de prestaciones por desempleo, que podrían ascender a casi 2,5 millones de euros. No obstante, las bonificaciones de cotizaciones por contratos en prácticas a partir de 2015 correrán a cargo del presupuesto del Servicio Estatal de Empleo Público (SEPE), que recibirá 20 millones de euros procedentes del Fondo Social Europeo (FSE).
CONTRATOS A TIEMPO PARCIAL.
En cuanto a los incentivos a la contratación a tiempo parcial con vinculación formativa para los beneficiarios de la Garantía Juvenil, costará 7,38 millones de euros hasta 2018, teniendo en cuenta una evolución similar a la actual de este tipo de contratos y asumiendo que se prorrogarán hasta el máximo de dos años permitidos por la normativa.
En este caso, el gasto se repartirá entre 192.294 euros este ejercicio, 1,77 millones el año próximo, 3,23 millones en 2016, 1,92 millones en 2017 y 269.212 euros en 2018, cuando culminarán los contratos subvencionables.
Con respecto a la aplicación de la tarifa plana a las entidades de economía social, el Gobierno no precisa su coste y recuerda que sólo se extiende una norma ya existente a un tipo de sociedades concretas, ya que en las cooperativas ya se podían aplicar.
COSTE DE IMPLANTACIÓN.
Finalmente, la memoria hace referencia al coste de implantación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que supondrá una carga administrativa máxima de 21,45 millones de euros y un mínimo de 17,16 millones de euros, derivado de un coste de 25 euros por el registro de cada uno de los 858.000 potenciales beneficiarios. Este coste presupuestario lo asumirá íntegramente el Presupuesto del Estado, con cargo a los créditos del Ministerio de Empleo de 2014.
Por su parte, las empresas beneficiarias de las bonificaciones tendrán un coste anual de 24 euros, dos euros por la información adicional que tendrán que aportar cada mes. Sin embargo, las medidas conllevarán "efectos favorables sobre la contratación, al disminuir los costes directivos derivados" de la misma.
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