La dirección del Grupo Parlamentario Popular, encabezada por la secretaria general, Dolores López, que ha mantenido un encuentro con representantes de los 800 Agentes Locales de Promoción de Empleo (ALPE) despedidos hace dos años, ha afirmado que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, "está incumpliendo su palabra" y que hasta la fecha "ni se ha reunido con ellos ni le ha dado solución a su problema" criticando "los obstáculos que se le pusieron para que pudieran entrar en el Parlamento" y que en la pregunta oral que la portavoz de Empleo, Teresa Ruiz Sillero, formuló en el Parlamento se "le impidiera hablar de los ALPE".
En un comunicado, el Grupo Parlamentario Popular ha anunciado que el PP exigirá en la Cámara, a través de un iniciativa, la "readmisión inmediata" de estos ALPE, "tal y como dictan una docena de sentencias interpuestas en distintos tribunales, entre ellos al Tribunal Supremo". "La Junta debe abonar también los salarios de trámite de estas 800 personas en toda Andalucía", asegura.
"Hay doce sentencias judiciales, del Tribunal Supremo, donde se concluye que los despidos son nulos, que hay incluso desviación de poder, y donde condenan a la Junta a readmitirlos y a pagarles los salarios de trámite que suponen un coste de 25 millones de euros al año por lo que ya hay acumulados 50 millones de euros que tendrá que abonar la Junta", explica el PP.
Asimismo, recuerda "tras año y medio de reclamaciones judiciales, los ALPE han conseguido llegar al Tribunal Supremo con una sentencia que obliga a la Junta a readmitirlos", ante lo que el Grupo Popular asegura que "demostrará su compromiso a instar en el Parlamento que se cumpla esta sentencia".
Explica que la Cámara de Cuentas "presentó un informe el pasado mes de febrero donde ponía de manifiesto las irregularidades en los contratos y ayudas a las Utedlt". "Algunos de los directores de estas oficinas era cargos del PSOE elegidos a dedo, que recibieron su finiquito y fueron reincorporados a puestos de alta responsabilidad en las delegaciones de Empleo, como es el caso del Delegado Provincial de Empleo en Cádiz", apostilla el PP.
Así las cosas, el PP sostiene que en su informe, la Cámara de Cuentas "señalaba que las Utedlt y SAE no establecían objetivos ni evaluaban su consecución desde 2009". Y apuntaba que los ALPE, pese a cumplir las mismas funciones, tenían "retribuciones diferentes, dependiendo de su consideración como titulado medio o superior"; también señala que "no hay constancia de que el SAE aplicara algún criterio ni límite para establecer el número de ALPE adscrito a cada consorcio".
La Cámara de Cuentas detalla que "a todos los directores se les asignaba el mismo sueldo con independencia del número de ALPE que tuvieran que coordinar". "Así, había directores que no tenían equipo para gestionar (Adra, Vícar, de Almería, y Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra, Sevilla), mientras que otros debían coordinar equipos con un elevado número de ALPE, como por ejemplo los consorcios de Sierra de Cádiz, que contaba con un total de 22 ALPE y del Condado de Huelva, que tenía contratados a 29 ALPE", conluye el PP.
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