IULV-CA ha defendido la necesidad de llevar a cabo una "poda por arriba" en el sector público andaluz, poniendo como ejemplo la actuación que la Consejería de Fomento y Vivienda ha llevado a cabo con la antigua Empresa Pública de Suelo de Andalucía, --actual Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)--, en la que ha dado una "lección de gestión", reduciendo el número de cargos directivos de 107 a 26 en dos años, lo que supone un 81 por ciento menos.
En un boletín informativo distribuido a sus asambleas locales, consultado por Europa Press, la federación de izquierdas ha destacado que de un directivo por cada seis trabajadores en la antigua EPSA se ha pasado a uno por cada 25 en AVRA, "que ahora sí es una agencia equilibrada y con vocación social". "Se ha apostado por la austeridad entendida como eficiencia y no como recorte, por la regeneración ética y por la transparencia", ha añadido.
Para IULV-CA, esta cuestión "ha levantado ampollas" porque se ha cuestionado de arriba a abajo el paradigma tradicional de gestión de las empresas públicas, "consideradas en muchos casos más un fin en sí mismas o al servicio de los partidos políticos que instrumentos de servicio público".
Junto a ello, la federación de izquierdas ha manifestado que "la desproporción entre 'jefes' e 'indios' era insostenible, así como la falta de rumbo de la antigua EPSA, sometida a las inercias especulativas del boom de la construcción, por lo que era un imperativo ético terminar con ese disparate".
Según asegura, la reducción del gasto en el apartado directivo de AVRA es de 2,6 millones anuales, a lo que se añade la reducción del gasto en alquileres de sedes, 2,3 millones de euros anuales, y a la conseguida mediante internalizaciones de servicios, de 7,2 millones al año. En total, la reducción de gasto anual en estos tres conceptos alcanza los 12,1 millones de euros.
En opinión de IULV-CA, el cambio de EPSA a AVRA ha sido "radical y profundamente beneficioso" para el interés general y las arcas públicas y ha supuesto "mucho más que un cambio de nombre". Según se subraya, la consejería ha eliminado todos los privilegios, marcando el camino de la imprescindible reordenación del sector público andaluz, "que puede y debe consistir en podar por arriba".
Tras insistir en que EPSA era una empresa con una estructura directiva "sobredimensionada" y centrada en la producción de suelo para compraventa, IULV-CA ha advertido de que AVRA es una agencia con una estructura directiva ajustada a sus necesidades y centrada en el alquiler y la rehabilitación como mecanismos para garantizar el derecho a la vivienda.
Según se precisa, de los 26 directivos que quedan, sólo 14 han pasado a formar parte de la dirección entrando desde fuera de la agencia durante la presente legislatura (y además no se añaden, sino que sustituyen a directivos cesados), mientras que los otros 12 ya trabajaban en la empresa, fuera como directivos o no.
LAS INDEMNIZACIONES Y CESANTÍAS HAN SIDO SUPRIMIDAS
Además, con el actual equipo de la Consejería no ha entrado ningún externo más, ni en cargo directivo ni en ningún otro; los directivos que han salido de la agencia no han cobrado indemnización; y los que continúan trabajando en AVRA, ya sin cargo directivo, no han cobrado cesantías.
"Tanto las indemnizaciones como las cesantías, consideradas privilegios injustificables, han sido suprimidas", ha señalado la federación de izquierdas, que considera que esta agencia es la demostración de que las empresas públicas gozan de pleno sentido y viabilidad si son eficientes y refuerzan su vocación social, reduciendo gastos inútiles.
Finalmente, IULV-CA ha insistido en que "el camino alternativo" que ha emprendido AVRA en la racionalidad en la estructura organizativa, la austeridad radical en la gestión y el ahorro en términos de costes anuales tendrá que abrirse paso en otros ámbitos del gobierno andaluz, donde Izquierda Unida ha señalado la dirección que ha de tomarse desde el respeto extremo al dinero de todos los andaluces.
