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Según explicaba María Jesús Montero, consejera de Salud, el objetivo del decreto es establecer y coordinar las medidas de control de salubridad de las aguas, “desde los pantanos hasta que llega al grifo”, delimitar “las competencias y responsabilidades” de cada uno de los agentes implicados, sobre todo de cara a la transparencia hacia el ciudadano, y establecer un “mapa de riesgos”, de forma que se pueden anticipar las medidas antes de que se llegue a un corte del suministro de agua.
En cuanto a las competencias, los organismos gestores en cada punto de la red y suministro del agua estarán obligados a identificar suministros alternativos en caso de incidencia. De hecho, los ayuntamientos, que son las administraciones encargadas de suministrar el agua, tendrán que garantizar el cumplimiento de los requisitos de captación, conducción, potabilización y autocontrol.
Los organismos gestores encargados del abastecimiento y del control de calidad (ayuntamientos y empresas públicas o concesionarias) deberán también elaborar un protocolo de gestión que incluirá una descripción de las infraestructuras y los posibles riesgos para la salud y las medidas que se proponen para evitarlos, así como los análisis a efectuar, los puntos de muestreo y las pruebas realizadas en los laboratorios, entre otros datos.
La Administración hidráulica autonómica, en colaboración con la Consejería de Salud, deberá a su vez garantizar la calidad del agua prepotable, para lo que tendrán que comunicar los resultados del programa de control de zonas protegidas de cada demarcación hidrográfica y determinar y evaluar, en los embalses, la presencia de posibles contaminantes que entrañen riesgos para la salud.
Por su parte, a la Consejería de Salud le corresponde garantizar que se realizan las inspecciones de supervisión y control de las aguas de consumo y que los organismos gestores incluyen los datos sobre las mismas en el Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo.
La nueva norma establece la obligatoriedad de profesionalizar el control del agua, de forma que serán técnicos acreditados (actualmente son de mantenimiento) los responsables de las plantas de potabilización e incluir mejoras en los sistemas de tratamiento a través de tecnologías de automatización.
Nuevas conducciones completamente cerradas
También será obligatorio que todas las nuevas conducciones de agua potable discurran convenientemente cerradas y no al aire libre; que los depósitos incorporen sistemas de desinfección automáticos y que los puntos de muestreo en redes de distribución cuenten con dispositivos automatizados.
Para la titular del ramo, la normativa viene a reforzar los requisitos sanitarios ya establecidos por la legislación estatal en materia de infraestructuras de abastecimiento, así como las previsiones ante posibles situaciones de riesgo.
Según apuntó Montero, en Andalucía existen en torno a 900 puntos de abastecimiento de agua de consumo humano, gestionados por 800 entidades públicas y privadas, así como unas 7.000 instalaciones (captaciones, estaciones de tratamiento, depósitos, cisternas y redes de distribución).
Montero destacó que el pasado año se detectaron en la comunidad 576 incumplimientos de los requisitos de calidad del agua que no llegaron a entrañar riesgo para la salud, mientras que en 13 ocasiones se registraron niveles inusuales de parámetros químicos, por lo que el agua se declaró no apta para el consumo hasta que la situación fue solventada. Aún así, precisó que que estas incidencias sólo afectaron a un 1,8% de la población andaluza, cuando en 2006 llegaron al 6,80%.
"Este dato pone de manifiesto que hemos conseguido por parte de todas las administraciones anticipar ese mapa de riesgos", gracias, entre otros aspectos, a iniciativas previas al decreto como el Programa de Vigilancia y Calidad del Agua de Consumo de Andalucía, apuntó la consejera de Salud.
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