La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha imputado este martes dos presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos al exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía Martín Soler, que se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar.
Fuentes del caso han informado a los periodistas de que, después de que Martín Soler se haya negado a declarar, se ha celebrado una comparecencia en la que ni la Fiscalía Anticorrupción ni ninguna de las acusaciones ha solicitado medida cautelar alguna para el imputado, cuyo abogado ha presentado en el Juzgado un escrito de alegaciones.
En relación a Martín Soler, la magistrada Mercedes Alaya considera que el informe definitivo de cumplimiento relativo al ejercicio 2008 y realizado a la agencia IDEA por la Intervención General de la Junta de Andalucía "volvía a poner de manifiesto y concluía que el procedimiento administrativo utilizado" por la Consejería de Empleo, como son las transferencias de financiación de explotación, "no se consideraba adecuado para financiar el gasto público realizado".
Según expone la juez, de este informe "sería receptor" el día 4 de noviembre de 2009 el entonces consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Martín Soler, quien ostentó dicho cargo desde el 24 de abril de 2009 hasta el 23 de marzo de 2010, añadiendo que, "a pesar de las conclusiones de este informe, la agencia IDEA adscrita a la Consejería de Innovación seguiría abonando las subvenciones concedidas por la Consejería de Empleo".
También ha comparecido ante la juez Mercedes Alaya el actual director general de la agencia IDEA, Antonio Valverde, que también se ha acogido a su derecho a no declarar y para quien el Ministerio Público ha pedido una fianza de responsabilidad civil de 3,6 millones de euros, mientras que la acusación que ejerce la Junta de Andalucía no ha pedido medida alguna.
Asimismo, ante la magistrada ha comparecido el exdirector general del antiguo IFA Antonio Lara, quien, igualmente, se ha negado a declarar, tras lo que se ha celebrado una comparecencia en la que Anticorrupción ha pedido para él una fianza civil de 4.420.000 euros.
El abogado de este último imputado se ha opuesto a la medida y ha alegado que su cliente no era director general sino director gerente de IDEA, y por tanto "no tenía competencias para adoptar acuerdo de ningún tipo ni firmó ningún convenio", señalando que hasta que dejó el cargo en enero de 2003 no hubo déficit en las cuentas de la agencia, déficit "que se registró a partir de 2003".
La juez también ha citado este martes al exviceconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa Gonzalo Suárez, quien se ha negado a declarar y para quien ninguna parte ha pedido medida cautelar alguna.
La magistrada ha imputado a estos tres cargos o exaltos cargo de la Junta dos delitos de prevaricación y malversación.
El último en comparecer ante la instructora ha sido José Ángel Martín Moreno, administrador único de Gestifesa, empresa que según Alaya "recibiría, procedentes de los fondos públicos andaluces y por influencia" del exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero, "cantidades por prestación de servicios consistentes en planes de viabilidad de las empresas Refractarios y Derivados, Azahara Textil --que no consta-- e Hitemasa, cuando los mismos debían haber sido satisfechos por las empresas indicadas, a menos que por la Administración Pública se hubiera suscrito el oportuno contrato de servicio".
Este imputado también se ha negado a declarar y la Fiscalía Anticorrupción le ha pedido una fianza civil de 117.700 euros.
