El grupo parlamentario de IULV-CA defenderá este martes en comisión parlamentaria una proposición no de ley en la Cámara en la que pide a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta que inicie "los trabajos de diagnóstico" previstos en el programa de planificación del uso social de la tierra, en relación a la creación de un banco público de tierras.
En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, IULV-CA también demanda que la citada consejería ponga en marcha proyectos pilotos de cesión y puesta en cultivo de tierras públicas como Majarambú o Somonte; y defina un programa de ayudas y apoyo técnico destinado a ayuntamientos, cooperativas y asociaciones que inicien proyectos de puesta en cultivo de tierras en deshuso o abandonadas.
En la exposición de motivos, el grupo parlamentario apunta que la prioridad del banco de tierras es ofrecer tierras al servicio de jóvenes, cooperativas y pequeños agricultores, dado que todo patrimonio público tiene que servir en estos momentos "para crear empleo" y las tierras desiertas del IARA debe ser cedidas para cumplir con una función social de la tierra.
IULV-CA recuerda que en Andalucía hay unas 22.000 hectáreas de tierras públicas, de las cuales alrededor de 10.000 pueden ser utilizadas con fines agrícolas, al tiempo que existen 1.037.698 parados, "con una situación dramática en el entorno rural". "De ahí que estemos ante una oportunidad de poner en cultivo estas tierras", añade.
Según se explica, ello contribuiría a que Andalucía no sólo reduzca sus niveles de desempleo garantizando el uso productivo de unas tierras con vocación agraria, sino que, además, recibiría mayor contrapartida con ingresos en concepto de Seguridad Social, IVA o IRPF, entre otras posibilidades.
Tras destacar que cualquier cesión de estas tierras debe estar condicionada al compromiso de desarrollar una actividad productiva que genere empleo y riqueza en el territorio, IULV-CA señala que, entre otros criterios, se debe cumplir con sostenibilidad en el tiempo, sostenibilidad económica y sostenibilidad ambiental.
IULV-CA también ha registrado otra proposición de ley para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en la que pide que la Junta impulse la contratación de alimentos con criterios sociales y ambientales a través del desarrollo de un plan de contratación pública alimentaria de proximidad andaluza.
