La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía ha citado este lunes a declarar como imputados en la causa a un quinto hijo del empresario jerezano José María Ruiz-Mateos y a otros nueve encausados, según han informado a Europa Press fuentes del caso.
La magistrada Mercedes Alaya imputó a José María Ruiz-Mateos Rivero, consejero delegado del Grupo Rumasa, porque de la declaración prestada por el exabogado de la familia Joaquín Yvancos se desprende que "daba instrucciones directas sobre lo que se tenía que hacer en cada una de las empresas del grupo".
De este modo, sería "conocedor y partícipe de las irregularidades que presuntamente se cometieron en los ERE" del Hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga) y Dhul, "conociendo por tanto y siendo partícipe igualmente del presunto tráfico de influencias a favor del Grupo Nueva Rumasa ejercido ante la Junta" por el 'conseguidor' Juan Lanzas "para la financiación de las prejubilaciones de los diversos ERE, así como de los ya referidos pagos efectuados a Lanzas a razón de 100 millones de pesetas por cada ERE".
"De la anterior exposición deriva que existen personas implicadas en este expediente que serían conocedoras y partícipes de las presuntas irregularidades cometidas en las subvenciones otorgadas a las empresas vinculadas con la familia Ruiz-Mateos y de la existencia de 'intrusos', intermediación y pagos" a Lanzas, dice la juez, que por todo ello imputó al hijo de Ruiz-Mateos.
También comparecerá este lunes ante la instructora Miguel Errecalde, quien era director gerente de Cenforpre, empresa que en 2004 firmaría con el entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández, un convenio de colaboración por el que se le concedía una subvención excepcional de 360.000 euros para la realización de acciones dirigidas a la difusión, información y asesoramiento a distintas asociaciones profesionales en materia preventiva laboral.
De igual modo, la juez ha citado a Cristina Ruiz, quien, como gerente de Promi, se "prevalió" de su amistad con el entonces director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, para conseguir que su padre, también imputado en la causa, obtuviera cantidades procedentes de los fondos públicos andaluces "sin tener derecho a ello".
Otro imputado que comparecerá ante la juez este lunes será Luis Javier García, quien formaba parte inicialmente de la Asociación para la Promoción de Trabajadores de Hijos de Andrés Molina y que, "a través" del 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas y las relaciones que éste mantenía con los responsables de la Consejería de Empleo, consiguió que su esposa, imputada también en la causa, fuera incluida en la póliza de prejubilaciones de Hitemasa.
La juez también ha citado a declarar a Alfredo Pérez, vecino de Baeza (Jaén) que sería incluido en la póliza relacionada con el expediente de Primayor "a pesar de que no había trabajado" en dicha empresa; a Manuel Morales, que fue secretario general de la Federación Provincial de Jaén de Metal, Construcción y Afines (MCA-UGT), y a Ramón Polo, estos dos últimos vecinos de La Carolina que "serían incluidos" en las pólizas derivadas de las ayudas concedidas a las empresas Gres Vilches y Cerámicas Syre, "para las cuales no habían trabajado".
Igualmente, ha llamado a declarar a Ramón Moreno, quien, como presidente del consejo de administración de Industrias del Guadalquivir (Invirsal), habría participado en la trama a cambio de que a su hermana, María Dolores Moreno, también citada este lunes, se le hiciera beneficiaria de una póliza de rentas.
Otro imputado que acudirá al despacho de la juez será Agustín Guzmán, vecino de Camas (Sevilla) que percibió 36.948 euros en rentas vinculadas a Invirsal "sin que mediara solicitud alguna de ayuda y cuando solo le faltaba un año para jubilarse".
