La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez que investiga el caso de los ERE irregulares Mercedes Alaya que cite a declarar como imputados por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos a 13 personas, entre ellos el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, en relación con las ayudas de más de 35 millones de euros otorgadas por la Junta de Andalucía a la empresa A Novo Comlink para financiar el pago de pólizas de sus trabajadores en el marco de expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) hasta el año 2010.
En un escrito elevado al Juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público pide a la magistrada que también cite como imputados, entre otros, a los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez, los exdirectores generales de IFA-IDEA, Jacinto Cañete y Miguel Ángel Serrano, la exasesora de Empleo María José Rofa y el exdiputado del PSOE en el Parlamento andaluz Ramón Díaz, todos ellos, al igual que Antonio Fernández, ya imputados en las actuaciones.
De igual modo, Anticorrupción solicita a la juez que dicte resolución y cite a declarar como imputados "como mejor garantía del ejercicio de sus derechos procesales" a los directivos de la empresa A Novo Comlink España S.L. Gilbert Weill, Carlos Castiñeiras y José F. Pardo y al beneficiario de la póliza David Jiménez de Miguel para "recibirles declaración sobre su participación y conocimiento de los hechos".
La Fiscalía, que también reclama dar traslado de las actuaciones a la empresa matriz A Novo Francia como responsable civil subsidiario, argumenta su petición "en tanto no sea resuelta de manera definitiva por la Audiencia Provincial" su solicitud de formación de piezas separadas, "muy especialmente las piezas relativas a todas y cada una de las ayudas sociolaborales y ayudas directas dadas a empresas".
En este sentido, recuerda los datos recogidos en el Informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas y asevera que es "consciente" de que "a la fecha no consta la confección e incorporación a las actuaciones de gran parte de los informes" de la Dirección General de Seguros y de la Guardia Civil sobre los expedientes de ayudas sociolaborales financiados por la Junta con cargo a los programas 22E y 31L.
Así, y "con la finalidad de avanzar en la instrucción y evitar dilaciones innecesarias", la Fiscalía considera que "existen elementos suficientes" para que "se proceda ya a formular imputación contra personas que de forma indiciaria hayan participado en los hechos delictivos objeto de investigación"; para que se adopten medidas cautelares de naturaleza real "que aseguren el mayor retorno posible de fondos públicos por aquellas entidades que se hayan beneficiado presuntamente de forma ilícita", y para ordenar la práctica de diligencias de instrucción para el esclarecimiento de los mismos.
