La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez Mercedes Alaya que cite a declarar como imputados por delitos de prevaricación, falsedad y malversación a varios altos y exaltos cargos de la Junta y a dirigentes de CCOO y UGT en relación a la ayuda de más de 22 millones de euros otorgada por la Junta a la multinacional del tabaco Altadis para financiar las prejubilaciones de sus trabajadores en el marco del expediente de regulación de empleo ejecutado en el año 2005.

   En un escrito elevado al Juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público pide a la magistrada que cite como imputadas a once personas en relación al ERE de Altadis, entre ellas los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez, el actual director general de IDEA, Antonio Valverde, a uno de sus antecesores en el cargo, Miguel Ángel Serrano, y a la exasesora de Empleo María José Rofa.

   De igual modo, y para evitar una posible prescripción de los delitos, solicita a la juez que dicte resolución y cite a declarar como imputados al exresponsable de Recursos Humanos de Altadis José Luis Relea y a varios dirigentes sindicales que firmaron el 3 de diciembre de 2004 el acuerdo del que derivó posteriormente el compromiso de pago asumido por la Junta, como son, por parte de UGT, el exsecretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y Blanca Uruñuela, y por CCOO, Antonio Perianes y Francisco Figueroa.

   La Fiscalía, que también reclama dar traslado de las actuaciones a UGT, CCOO y Altadis como responsables civiles subsidiarios, argumenta su petición "en tanto no sea resuelta de manera definitiva por la Audiencia Provincial" su solicitud de formación de piezas separadas, "muy especialmente las piezas relativas a todas y cada una de las ayudas sociolaborales y ayudas directas dadas a empresas".

   En este sentido, recuerda los datos recogidos en el Informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas y asevera que es "consciente" de que "a la fecha no consta la confección e incorporación a las actuaciones de gran parte de los informes" de la Dirección General de Seguros y de la Guardia Civil sobre los expedientes de ayudas sociolaborales financiados por la Junta con cargo a los programas 22E y 31L.

   Así, y "con la finalidad de avanzar en la instrucción y evitar dilaciones innecesarias", la Fiscalía considera que "existen elementos suficientes" para que "se proceda ya a formular imputación contra personas que de forma indiciaria hayan participado en los hechos delictivos objeto de investigación"; para que se adopten medidas cautelares de naturaleza real "que aseguren el mayor retorno posible de fondos públicos por aquellas entidades que se hayan beneficiado presuntamente de forma ilícita", y para ordenar la práctica de diligencias de instrucción para el esclarecimiento de los mismos.

   Anticorrupción relata que fue el 7 de noviembre de 2005 cuando Guerrero remitió un escrito a los compañías aseguradoras "comprometiéndose al abono de 26 millones de euros como pago de primas de las pólizas suscritas para 173 extrabajadores de Altadis", tras lo que, "con la finalidad de materializar los pagos de las primas", Guerrero, por parte de la Dirección General de Trabajo, y Serrano, por parte de IDEA, suscribieron el 19 de febrero de 2008 un convenio de colaboración.

   El 20 de mayo de 2009, el entonces director general de Trabajo Juan Márquez dictó una resolución concediendo determinadas ayudas sociolaborales individuales a los extrabajadores de Altadis por importe de 20,1 millones de euros mediante el pago de las primas ya reseñadas y encomendado para ello a la agencia IDEA, tras lo que el 4 de noviembre de 2010 Daniel Rivera y Antonio Valverde suscribieron un acuerdo de extinción del convenio reseñado anteriormente.

PAGOS CRUZADOS

   Finalmente, y según la Fiscalía, los pagos realizados por IDEA hasta el año 2010 suman 20,4 millones de euros, "a los que habría que añadir la cantidad de 1,8 millones mediante los denominados 'pagos cruzados' ordenados por Guerrero".

   Anticorrupción recuerda el informe pericial elaborado por la Intervención General del Estado, que asegura que "esta ayuda pudiera constituir una subvención a la empresa y no a los trabajadores, ya que la obligación de pago legalmente corresponde a ésta al derivar de compromisos asumidos durante el proceso de extinción de la relación laboral de sus trabajadores", de manera que la Junta "se habría hecho cargo del pago de obligaciones propias de la empresa".

   Además, y según dicho informe, "no consta en el expediente examinado la existencia de ningún análisis económico realizado por la Junta que ponga de manifiesto si estas ayudas, en sí mismas, eran procedentes en atención a las circunstancias del beneficiario, especialmente en lo que se refiere a que la empresa no tuviera capacidad económica para hacer frente, en todo o parte, a las obligaciones asumidas por la Junta".

"NULIDAD DE PLENO DERECHO"

   La Fiscalía añade que, según el informe pericial, "en la concesión de esta subvención se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, lo que pudiera ser causa de nulidad de pleno derecho", a lo que se suma que "no se han publicado por la Junta ni existen bases reguladoras para el otorgamiento de este tipo de subvenciones concedidas" por la Consejería de Empleo.

   Asimismo, "no consta la existencia de ninguna norma dictada por la Junta en la que publiciten estas ayudas y se establezcan los criterios de selección de los beneficiarios, así como los baremos, límites y condiciones de las subvenciones a conceder para la financiación del coste de los ERE, por lo que los sistemas elegidos" por Empleo para determinar "tanto a la empresa elegida como los importes a financiar son totalmente discrecionales".

   Por todo ello, y además de las citaciones como imputados de los exaltos cargos de la Junta, la Fiscalía reclama que se requiera a la Junta "para que aporte todas las agendas de las personas imputadas en la presente causa que desempeñen o hayan desempeñado cargo o puesto en la misma en el periodo objeto de investigación", así como que se oficie a la Dirección General de Seguros y a la Guardia Civil para que entreguen los informes relativos a Altadis.

RECLAMA UN REFUERZO DEL JUZGADO

   Igualmente, solicita que se oficie a la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz para que entregue todos los escritos remitidos por la Junta en relación al conflicto sociolaboral de los trabajadores de Altadis.

   Por último, la Fiscalía asegura conocer "lo limitado de los recursos humanos y materiales" del Juzgado de Alaya "y el innegable y prolongado esfuerzo que se realiza por todo el personal del mismo", por lo que reclama que, "de ser acordadas las diligencias que se proponen, deberá procederse a un importante refuerzo" del mismo.