El Juzgado que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha decretado el embargo de tres cuentas bancarias y dos coches propiedad del exsecretario general técnico de la Consejería de Empleo de la Junta Juan Francisco Sánchez a fin de cubrir la fianza de responsabilidad civil de 33,9 millones de euros que le impuso la juez Mercedes Alaya.
En un decreto dictado el pasado 27 de mayo, al que ha tenido acceso Europa Press, la secretaria del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla embarga al exalto cargo dos cuentas bancarias en ING-Direct y una tercera cuenta en Unicaja Banco, así como un vehículo marca Citroen C3 y un automóvil Volkswagen Tiguan.
Asimismo, y como quiera que estos bienes "no se estiman suficientes" para cubrir la fianza civil impuesta, decreta el embargo telemático de los saldos bancarios que ostente el imputado en todas las entidades adheridas a la plataforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de las devoluciones pendientes de percibir de la Agencia Tributaria.
La secretaria acuerda que, para la efectividad de los embargos trabados y a fin de "evitar disposiciones en el periodo que mediare hasta su ejecución", en todos los oficios que se expidan para llevar a efecto el embargo de cuentas bancarias se solicitará de la entidad una certificación del saldo existente en ellas en los dos meses anteriores a la recepción del oficio.
La secretaria acuerda, asimismo, que una vez llevados a efecto los embargos trabados, se proceda a la averiguación patrimonial integral de bienes mediante la aplicación informática del Punto Neutro Judicial.
Hay que recordar que el Juzgado también impuso fianzas civiles millonarias a otros dos exsecretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo, como son Javier Aguado, que deberá hacer frente a una cantidad ascendente a cinco millones, y Lourdes Medina, para quien fijó una fianza civil de un millón de euros.
A la hora de fijar la fianza civil correspondiente a Juan Francisco Sánchez, que ocupó el cargo entre 2000 y 2004, la juez Alaya tuvo en cuenta que fue "activo conocedor y partícipe del procedimiento seguido para la concesión y pago de las subvenciones sociolaborales del programa 31.L y de su presupuestación a lo largo de la década investigada", llegando a tramitar hasta 12 modificaciones presupuestarias que ascendieron a 127,3 millones.
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