La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha criticado que el Gobierno de España "tiene paralizada la reforma del sistema de financiación autonómica" y ha reclamado al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar el tema de la financiación, toda vez que no comparte "reformas parciales" que no garanticen la suficiencia financiera.

   En comisión parlamentaria, Montero ha alertado sobre reformas parciales que profundicen en la desigualdad que está generando el actual modelo; y ha reclamado "cautela y prudencia ante propuestas que no garantizan la suficiencia efectiva en la financiación de los servicios públicos".

   "No podemos admitir que se parchee el modelo vigente con un aumento de la capacidad tributaria", ha insistido la titular de Hacienda, al tiempo que ha criticado que "las comunidades con mayor nivel de renta pueden obtener ingresos muy superiores a los de Andalucía con un pequeño esfuerzo fiscal". Así, por ejemplo, ha indicado que el aumento de una décima en el tipo medio del IRPF "lograría seis euros por habitante en Andalucía, mientras que en Madrid sería el doble, 12 euros por habitante, y casi el doble en Cataluña o Aragón, con diez euros por habitante".

   La consejera ha lamentado que el Gobierno haya convocado a los agentes sociales para tratar la reforma tributaria y que, en cambio, siga sin contar con las comunidades autónomas cuando es un asunto que afecta a la "columna vertebral de los ingresos que cubren la prestación de servicios públicos básicos como sanidad y educación".


   En este sentido, Montero ha demandado "más celeridad y más transparencia" para abordar la reforma del sistema y ha recordado que, conforme al calendario previsto, el grupo de trabajo creado en el seno del CPFF debería haber elaborado, antes de finales de abril, un documento de síntesis con las valoraciones sobre el actual modelo enviadas por las comunidades autónomas y, posteriormente, debía convocarse el Consejo para iniciar los debates sobre la reforma.

   La consejera ha explicado que, transcurrido un mes, no se ha iniciado ningún debate y ha advertido de que se puede estar apostando por una "tercera vía" que pasaría por mantener el actual sistema otorgando a las comunidades autónomas nuevas figuras tributarias y mayor capacidad normativa.

   En opinión de Montero, el Estado, en lugar de paralizar la reforma, debe ser el que lidere este proceso que permita configurar un modelo de financiación "más transparente y sencillo", que evite interpretaciones arbitrarias o unilaterales "ocasionando conflictos institucionales innecesarios o una judicialización excesiva de las diferencias de criterios".

   Durante su intervención, la consejera ha abogado por configurar un sistema de financiación "solidario y suficiente, basado en la población y que sea acordado multilateralmente entre el Gobierno y las comunidades autónomas".

   A su juicio, la reforma del sistema de financiación debe encauzarse para garantizar "la autonomía financiera de las comunidades, la solidaridad efectiva entre regiones, un nivel mínimo en la prestación de servicios públicos fundamentales, así como promover el equilibrio económico y la convergencia territorial, evitando situaciones de privilegio económico y social".

   En definitiva, ha defendido la necesidad de reformar el actual sistema de financiación para "solventar las deficiencias detectadas en su aplicación, ya que en estos últimos años no ha garantizado la suficiencia de recursos de las comunidades, se ha ampliado la desigualdad de financiación por habitante y los fondos de convergencia han resultado ser instrumentos ineficaces para acortar estas diferencias de financiación".

   Además, Montero ha agregado que, durante estos años, se han puesto de manifiesto "las amplias desigualdades que existen en la autonomía financiera y en la capacidad fiscal de las comunidades".

   A modo de ejemplo, la consejera ha recordado que, entre 2009 y 2011, Andalucía ha perdido unos 2.800 millones de euros respecto a lo que le hubiera correspondido de haber estado en la media de financiación por habitante, ya que todos los ejercicios ha estado por debajo de la media.

   También ha destacado que el Estado ha aprobado en este tiempo "multitud de normas que han tenido impacto en los ingresos y gastos de las comunidades, que no han sido compensadas adecuadamente", tras lo que ha citado que Andalucía "ha dejado de recibir 385 millones de euros en la liquidación de 2011, en concepto de IVA y los Impuestos Especiales".

   A todo ello se suman, según ha precisado Montero, los "incumplimientos" del Gobierno de España que han "ocasionado una merma de 5.167 millones para Andalucía" por no respetar la Disposición Adicional Tercera (DAT) del Estatuto de Autonomía y por no observar el principio de adicionalidad de los fondos europeos.

"NOSTALGIA CENTRALISTA"

   El diputado de IU Ignacio García ha lamentado la actitud del Gobierno central en materia de financiación autonómica, puesto que "ataca a las autonomías", en una actitud en la que "subyace una profunda nostalgia centralista".

   A su juicio, cuando se cuestiona el reparto a las comunidades autónomas "se quiere cuestionar los servicios sociales y se cuestiona el modelo Estado".

   IU lamenta el Gobierno central quiere "marear la perdiz" en materia de financiación autonómica, toda vez que "el actual sistema no garantiza la equidad entre comunidades", por lo que demanda una "igualdad de financiación, aplicando la financiación por habitante, con modulaciones pero sin alterar ese principio fundamental". Asimismo, ha rechazado que se quiera fomentar un "'dumping' fiscal entre comunidades autónomas".

   García ha indicado, sobre la anunciada reforma de los tipos del IRPF, algo que "significará menos progresividad".