Los cinco imputados a los que la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares había citado a declarar este martes por haber formado parte entre los años 2001 y 2008 de los distintos consejos rectores de IFA/IDEA, entidad pagadora de las ayudas investigadas, se han acogido a su derecho constitucional a no declarar.
De este modo, los cinco imputados que se han acogido a su derecho a no declarar ante la magistrada Mercedes Alaya son el exdirector general de la IDEA Jacinto Cañete; el exviceconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa Jesús María Rodríguez, y el exdirector general de Desarrollo Tecnológico e Incentivos Manuel López Casero.
Asimismo, ante la juez han comparecido en la mañana de este martes el que fuera director de Industria de la Consejería de Empleo, Jesús Nieto González, y el exviceconsejero de Agricultura y Pesca Juan Paniagua Díaz.
En cinco comparecencias sucesivas que, en total, no se han prolongado por espacio de más de una hora, todos ellos se han negado a declarar ante la instructora y la Fiscalía Anticorrupción no ha solicitado medida cautelar alguna para ninguno de los imputados a excepción de para Jacinto Cañete.
En este último caso, el Ministerio Público ha dado por reproducida la fianza de responsabilidad civil de ocho millones de euros que le pidió en su comparecencia del pasado mes de diciembre, cuando Cañete se negó a declarar después de que la juez le imputara tres presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y omisión del deber de perseguir delitos.
De este modo, y en diciembre, el imputado se limitó a ratificar tanto lo que dijo en la comisión de investigación sobre los ERE creada en 2012 en el Parlamento andaluz como un escrito presentado por su abogado en el que defiende que la Cámara de Cuentas de Andalucía "bendecía, asentía y confirmaba las trazas esenciales del programa presupuestario 31.L, es decir, conceder ayudas en Empleo, transferir fondos a IDEA y encargar a ésta la materialización de los pagos".
Asimismo, aseguraba en este escrito que "es cierto" que la Intervención General de la Junta, "en un doble lenguaje, emitía informes especiales denunciando la inadecuación" del uso de las transferencias de financiación, "pero en la rendición de la cuenta general las bendecía, probablemente, porque sería conocedora de que su queja no era más que retórica habida cuenta de la existencia de la habilitación legal".
"La Cámara de Cuentas con plena conciencia y conocimiento del sistema informaba el programa 31.L al Parlamento sin tacha de ilegalidad", señalaba en este escrito.
Estas comparecencias se han llevado a cabo después de que este lunes comparecieran ante la magistrada el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá; el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, y el exdirector general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano, quienes también se acogieron a su derecho a no declarar.
LA IMPUTACIÓN
En relación a Jesús María Rodríguez, exviceconsejero de Innovación y vicepresidente de IDEA entre 2005 y 2008, la juez dice que asistió a once sesiones del Consejo Rector "con el conocimiento que le otorgaba su cargo del sistema heredado de la Consejería de Empleo y con el apoyo explícito al mismo, no solo expresado a su director general, sino evidenciado en la conocida 'prórroga tácita del convenio' y sobre todo en la línea absoluta de continuidad con el referido sistema, pese a conocer de primera mano el importante déficit presupuestario existente".
Asimismo, y según la instructora, "llama la atención que desde que IDEA pasa a estar adscrita a la Consejería de Innovación se deja de dar cuenta al Consejo Rector, como era obligado, de los convenios suscritos por el director general para que el Consejo Rector realizara su labor de control", una "omisión" de la que este imputado "sería uno de los responsables".
Según Alaya, este imputado votó favorablemente a la ratificación o autorización de 18 convenios con la Dirección General de Trabajo en las once sesiones a las que asistió, a lo que se suma que "atendería el despacho habitual" con el exdirector de IDEA Miguel Ángel Serrano "en relación a las ayudas a empresas que no excedieran de 450.759 euros".
Sobre el exdirector general de Desarrollo Tecnológico e Incentivos, Manuel López Casero, la instructora señala que asistió a 20 sesiones de las analizadas en las que se le dio cuenta de 68 convenios suscritos entre la Dirección de Trabajo e IFA para el otorgamiento y pago de las subvenciones que había comprometido la primera mediante el uso de las transferencias de financiación, "fondos que eran anticipados por IFA, generándose un importante déficit presupuestario" en la Consejería de Empleo.
Este imputado, además, "no opuso reparo alguno a los convenios citados, votando favorablemente en siete sesiones a 25 convenios".
"FALSEAMIENTO" DEL PRESUPUESTO DE IDEA
Asimismo, la juez relata que el que fuera director de Industria de la Consejería de Empleo, Jesús Nieto González, asistió a 17 sesiones del Consejo Rector en las que "se le dio cuenta sin oponer reparo alguno de la suscripción de 48 convenios y votó favorablemente a la firma de 25 convenios, nueve directamente y 16 al delegar su voto en el presidente", que era José Antonio Viera.
También estaba citado este martes el exviceconsejero de Agricultura y Pesca Juan Paniagua Díaz, quien "asistiría a 7 de las 21 sesiones celebradas por el Consejo Rector de IFA" entre 2001 y 2004, "delegando en tres ocasiones su representación y su voto en el presidente del Consejo", de manera que "votaría favorablemente a 22 convenios".
En relación al exdirector general de IDEA Jacinto Cañete, la juez asevera que "sería indiciariamente conocedor y responsable del falseamiento del presupuesto de IDEA" y asistiría a un Consejo Rector en el que propuso la ratificación de dos convenios de ayudas a empresas por importe cada una de ellas de 1,1 millones de euros "para pago en ambos casos de deudas con la Seguridad Social, cuando por el contrario para recibir tales subvenciones, de acuerdo con su normativa reguladora, el beneficiario tenía que estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social".
Además, y a partir del 24 de junio de 2008, "se encargaría con la directa supervisión del presidente y vicepresidente de IDEA de suscribir los convenios de ayudas sociolaborales y algunos de ayuda directa de cuantía inferior a 450.000 euros con la Dirección de Trabajo, y ello conociendo presuntamente la total ausencia de procedimiento de los expedientes de ayudas de la época" de Francisco Javier Guerrero a través de las reuniones que existieron entre la Dirección de Trabajo e IDEA.
"Pese a ello, continuaría ordenando el pago de tales subvenciones y participaría del mismo sistema o procedimiento específico hasta el final de su cargo", de manera que, "en total, y durante el tiempo que estuvo en el mismo, ordenaría el pago de subvenciones en virtud de 270 convenios y por un importe de 129 millones".
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