Los grupos parlamentarios de PP-A, PSOE-A e IULV-CA han presentado un total de 132 enmiendas parciales al proyecto de Ley de Transparencia Pública de Andalucía que se tramita en estos momentos en comisión del Parlamento.
El pasado miércoles, la Comisión de Presidencia calificó y admitió a trámite las enmiendas presentadas por los tres grupos parlamentarios. A partir de ahora se someterán a la ponencia y dictamen de la comisión, de manera que las que sean aceptadas ya quedarán incorporadas al texto y las que no, podrán ser defendidas de nuevo en el debate final del proyecto de ley ante el Pleno de la Cámara.
El PP-A ha sido el grupo que más enmiendas parciales ha registrado, con un total de 92. Destaca la relativa a que la Junta y sus entidades instrumentales deberán "hacer pública las relaciones laborales y contractuales que los cónyuges, parejas de hecho inscritas en el correspondiente Registro o familiares hasta el segundo grado civil de sus altos cargos y asimilados tengan con la propia administración autonómica y sus entidades instrumentales".
Los populares plantean, en aras a una "mayor transparencia", un conjunto de enmiendas de adición al artículo relativo a altos cargos para que se conozca la información relativa a: indemnizaciones por razón de servicio; a indemnizaciones específicas por gastos de vivienda y alojamiento aprobadas por acuerdo del Consejo de Gobierno del 31 de octubre del año 2000, así como otras que puedan aprobarse; a gastos realizados utilizando tarjetas de crédito, o de justificación de la necesidad de mantenimiento de cada alto cargo o asimilado, personal de confianza y puesto singularizado, con detalle de las funciones y el trabajo que ejercen.
Asimismo, el PP-A quiere que la futura ley recoja un nuevo título sobre buen gobierno, con un régimen sancionador para los altos cargos de la Junta que no cumplan con los principios que lo definen, como la no implicación en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones y no intervención en los asuntos en que concurra alguna causa que pueda afectar a su objetividad; la no aceptación para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones, o no valerse de su posición en la administración para obtener ventajas personales o materiales.
Por su parte, el PSOE-A ha registrado 21 enmiendas, que básicamente tienen un carácter técnico.
En relación con el Consejo de Transparecencia y Protección de datos de Andalucía que se crea a través de la futura ley, el grupo socialista plantea en una de sus enmiendas que el asesoramiento en derecho, así como la representación y defensa del citado órgano ante cualquier órgano jurisdiccional "corresponde al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía".
IULV-CA ha planteado un conjunto de 19 enmiendas parciales, entre las que plantea que las iglesias, confesiones, comunidades y otras entidades inscritas en el Registro de entidades religiosas, en los términos establecidos en la Ley de Libertad Religiosa, formen parte del ámbito sujeto de aplicación de la Ley de Transparencia.
Izquierda Unida pide que se añada a la exposición de motivos de la norma que también la evaluación de programas y políticas públicas se reconoce como un instrumento operativo para cumplir objetivos de transparencia.
Además, demanda un cambio en el artículo sobre la materialización del acceso a la información pública para que, en ningún caso, la imposibilidad o incapacidad de hacer frente a las tasas o precios públicos establecidos podrá ser causa para negar el acceso pleno a una información pública solicitada al amparo de la presente ley.
