La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este lunes una fianza de responsabilidad civil de cuatro millones de euros para los exdirectivos de Antonio Barbadillo S.A. Pascual Caputto y Manuel Valdecantos, ambos imputados en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares por las ayudas recibidas por la sociedad Matadero de la Sierra Morena, ubicada en la Sierra Norte de Sevilla, de la que ambos fueron consejeros solidarios.
Los dos encausados se han acogido a su derecho constitucional a no declarar después de que la juez Mercedes Alaya les haya imputado tres delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, tras lo que se ha celebrado una comparecencia de medidas cautelares en la que el Ministerio Público ha pedido para los dos imputados una fianza civil solidaria de cuatro millones de euros.
Según el acta de las comparecencias, a la que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal ha solicitado que la empresa Antonio Barbadillo sea declarada responsable civil subsidiaria de dicha fianza, petición a la que se ha adherido la acusación que ejerce la Junta de Andalucía
Con anterioridad a las comparecencias, la magistrada ha comunicado a los abogados presentes que ha imputado también en la causa a Manuel Robles Castaño, igualmente representante de Antonio Barbadillo.
La instructora considera que los tres imputados pasaron a "dirigir" Matadero de la Sierra Morena --Caputto y Valdecantos como consejeros solidarios y Manuel Robles como presidente-- después de que Antonio Barbadillo adquiriera en noviembre de 2005 más del 70 por ciento de las acciones de esta sociedad, "entidad emblemática" del "tándem" formado por José Enrique Rosendo y José María Sayago "y la que más subvenciones había recibido de la Junta".
"REITERACIÓN DE AYUDAS" DE LA JUNTA A MATADERO DE LA SIERRA MORENA
Según la juez, en la fecha de la compra de acciones Matadero de la Sierra Morena "había sido beneficiaria en tres años de subvenciones por importe de 6,3 millones de euros", añadiendo que "el precio pactado" por esta compra fue "formalmente" de 9,7 millones, "aunque existen indicios para deducir que la venta pudo ser por un precio inferior".
"A través de la compra de la mayoría del capital social de Matadero, el grupo Barbadillo controlaría" las entidades Alimentos Tradicionales y Al Ballut, dice Alaya, que asevera que los tres imputados "utilizaron" sus "influencias" en la Consejería de Empleo "a través de su titular Antonio Fernández o incluso en instancias superiores" para conseguir en marzo de 2008 una subvención de 1,1 millones de euros "pese a la reiteración de ayudas de la Junta a esta empresa y las continuas pérdidas".
La instructora señala que, en un correo electrónico dirigido en junio de ese año al entonces director general de Trabajo, Juan Márquez, Manuel Valdecantos "reconocería que había logrado el cobro" de la subvención referida "a través de gestiones realizadas con la Presidencia de la Junta".
No obstante, en octubre de 2008 los imputados mantuvieron una reunión con Juan Márquez y le presentaron una certificación de resolución de Francisco Javier Guerrero de 1,2 millones de euros y otra resolución a favor de Al Ballut de 500.000 euros, acordando posteriormente, y cuando se había realizado el pago de 1,1 millones a favor de Matadero, una "quita" por la que Grupo Barbadillo "aceptaría el pago de 400.000 euros por toda la subvención, no teniendo más que reclamar".
"AL MARGEN DEL PROCEDIMIENTO LEGAL DE SUBVENCIONES"
De hecho, el 14 de enero de 2009 "se llegaría a ordenar por la Consejería de Empleo a IDEA el pago a Antonio Barbadillo de los 400.000 euros", pero IDEA "denegó el pago", ante lo que los imputados "anunciaron que ya verían qué es lo que podrían hacer cuando pasaran los cambios en la Junta, pues eran las fechas de cambio de presidente de la Junta". Así, y "pasados dichos cambios", les fueron concedidos 300.000 euros "para Explotaciones Agrícolas Sanluqueñas, perteneciente al grupo Barbadillo".
Según la juez, los inculpados "serían conscientes de que tanto la concesión en 2008 de la subvención de 1,1 millones de Matadero, como el pago de la de Al Ballut, se habrían realizado al margen del procedimiento legal de subvenciones, en este último caso interponiendo como beneficiaria otra sociedad para evitar reiteraciones".
Finalizada la comparecencia, los abogados de Pascual Caputto y de Manuel Valdecantos han hecho público un comunicado conjunto en el que explican que ambos se han negado a declarar porque "la investigación de los hechos no está concluida" y la Fiscalía ha solicitado remitir al Tribunal Supremo una pieza con todo lo relativo a las ayudas a la Sierra Norte.
En la nota, recogida por Europa Press, aseguran que "el cien por cien de las subvenciones recibidas se han aplicado a la finalidad para la que fueron concedidas, invirtiéndose en las sociedades beneficiarias de las mismas, a fin de generar empleo y actividad empresarial en una zona especialmente deprimida", y añaden que "la inversión total realizada por Antonio Barbadillo en Matadero de la Sierra Morena y Al Ballut es de 22 millones de euros, sin incluir las subvenciones recibidas".
EMPRESAS DEDICADAS A LA CRÍA DEL CERDO IBÉRICO
"Como ha quedado acreditado por los informes" de la Guardia Civil, entre otros, ambas son sociedades "con actividad empresarial real, dedicadas a la cría del cerdo ibérico y a la producción de productos derivados del mismo", mientras que dichos informes también acreditan "que los trabajadores dados de alta entre ambas empresas han sido alrededor de 60", por lo que los imputados "se hallan en el convencimiento de que su actuación ha sido en todo momento conforme a la legalidad".
Así, los letrados de los imputados explican que fue el 19 de marzo de 2003 cuando Antonio Barbadillo entró en el capital social del Matadero, "suscribiendo un mínimo siete por ciento del capital social y sin entrar a participar en la gestión de la entidad", y precisan que, antes de esa fecha, "la totalidad de las subvenciones recibidas por Matadero de la Sierra Morena y Al Ballut objeto del procedimiento ya se habían concedido por la Consejería de Empleo, sin intervención alguna" de Caputto, Valdecantos o Antonio Barbadillo.
Añaden que, al adquirir la participación en el capital social, "nadie en la sociedad dudó de la legalidad de las subvenciones, ni tenían posibilidad de conocer si las mismas se habían concedido o no de forma regular".
Asimismo, precisan que no es hasta el 24 de noviembre de 2005 cuando Antonio Barbadillo decide comprar un paquete de acciones del Matadero por el que pasa a ser propietaria del 71,18 por ciento del capital social, "comenzando a gestionar la misma".
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