La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha señalado este miércoles que va a reivindicar al Gobierno central que "se cumpla la voluntad del Parlamento de Andalucía" en cuanto a la gestión de la cuenca del Guadalquivir, al tiempo que ha avanzado que "hoy mismo" se va a dirigir al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, para cambiar la normativa que impide a los regantes pagar el gasto eléctrico según lo consumido y por el tiempo en el que se ha consumido.

   En su intervención en el III Congreso Andaluz de Agricultura y Agua, organizado por UPA y Areda en Sevilla, Díaz ha apuntado que "no le gusta pelear por fueros y competencias" en relación a la cuenca del Guadalquivir, pero sí va a reclamar la gestión de estos recursos, como ya hizo, según ha recordado, en la cuestión de la mina de Aznalcóllar (Sevilla).

   No obstante, la presidenta no ha querido cuestionar la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), por la que se anulaba el artículo 51 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que regulaba la competencia sobre la cuenca del río Guadalquivir, tras un recurso presentado por la Junta de Extremadura en junio de 2007.

   Según ha señalado, Andalucía cuenta con un millón de hectáreas de regadío, lo que supone un tercio de la superficie agraria, el 57 por ciento de la producción y el 60 por ciento del empleo agrario, de ahí "la importancia social, económica y vital" del sector. Así, se ha mostrado "convencida" de que el reparto del agua debe ser "equitativo, solidario y en consonancia" con el consumo.

   "Es el momento de cambiar la normativa estatal" que incide en el coste eléctrico que soportan los regantes, ha subrayado Díaz, quien ha asegurado que "hoy mismo" se dirigirá al ministro del ramo para analizar esta cuestión porque "no es justo, si queremos que el campo sea sostenible, permitir que sigan aumentando los costes".

   De esta manera, ha instado a cambiar la normativa de manera "urgente", para lo que irán "de la mano del Gobierno", para que las eléctricas cobren por lo consumido y no por la contratación a la que los regantes están obligados. De no ser así, la presidenta ha señalado que "ese 60 por ciento del empleo que supone el regadío se va a ver mermado".

   Díaz que ha situado a la Junta como "aliado" del sector del regadío de cara a un uso sostenible del agua y ha asumido las reivindicaciones del regadío andaluz, ha destacado que va a trabajar para "mejorar el acceso al agua que garantice el desarrollo económico y aumente la capacidad de generar riqueza y empleo en Andalucía".

   Así, ha apuntado que un tercio de los regadíos en Andalucía ya se han modernizado y "hoy hay un 36 por ciento más de hectáreas de regadío con los mismos recursos hídricos", lo que supone "un aumento de riqueza para Andalucía". Ha detallado que en los últimos 20 años se han invertido 1.400 millones de euros en la modernización de regadíos, de los que 900 millones han sido de inversión pública.

   Por último, ha recordado que la Junta va a asumir la parte del presupuesto de la Política Agraria Común (PA)C que "se ha recortado", unos 258 millones, en concreto en desarrollo rural, para que "no se reduzca la capacidad inversora del sector agrario andaluz". "Las últimas propuestas de la PAC no tienen presente la importancia de la agricultura y no estamos de acuerdo con el reparto de la PAC que afecta a miles de personas que viven en Andalucía", ha cerrado.

REFORMA FRENTE "OLIGOPOLIO" DE LAS ELÉCTRICAS

   Por su parte, Areda y UPA-A exigirán al Gobierno central una reforma legislativa que anteponga los intereses de los regantes frente al "oligopolio" de las eléctricas.

   El presidente de Areda, Marcelo Morales, ha señalado que el agua es hoy, y lo será aún más en el futuro, un recurso escaso e imprescindible para el desarrollo social, económico y medioambiental, "por lo que cualquier política de aguas siempre tiene que anteponer los intereses generales del conjunto de la sociedad".

   Además de destacar el esfuerzo realizado por los regantes, con inversiones millonarias en la modernización de sus infraestructuras, que permiten, cada vez más, un mayor ahorro de agua, Morales ha reivindicado "seguir avanzando en la modernización de los regadíos hasta alcanzar el cien por cien de los objetivos, de manera que el ahorro de agua conseguido contribuya a aumentar la garantía de recursos disponibles y cubrir las demandas existentes".

   Asimismo, ha pedido que se actualicen las concesiones de agua con dotaciones altas, así como revisar las concesiones de aquellas comunidades de regantes que han contado con ayudas públicas en sus proyectos de modernización".

   "Los regantes andaluces necesitamos que, definitivamente, se culminen aquellos procesos de ordenación, regularización y consolidación de regadíos abiertos en distintas zonas regables de Andalucía", ha indicado, al tiempo que ha destacado la subida "abusiva e ininterrumpida de las tarifas eléctricas en los últimos años" como el "mayor problema al que nos enfrentamos hoy los regantes".

   Ante esto, ha reclamado un régimen tarifario "que incentive el ahorro y que facture por el agua realmente consumida y no por hectárea, y que el canon de riego se convierta en el principal instrumento para el ahorro pagando menos quien más ahorre".

"QUE PAGUE MENOS QUIEN MÁS AHORRA"

   Por su parte, el secretario general de UPA-A, Agustín Rodríguez, ha planteado la recuperación de las competencias sobre la gestión del Guadalquivir, recordando que el Parlamento Andaluz, por unanimidad, se pronunció sobre esta cuestión tras el fallo del Constitucional, por lo que "entendemos que hay consenso en Andalucía".

   Igualmente, ha reclamado una mayor apertura de los órganos de gestión de las cuencas a la participación de los agricultores y de los regantes. Al igual que el presidente de Areda, Rodríguez ha insistido en que "hay que culminar los procesos abiertos de ordenación y consolidación de regadíos, garantizando de esta manera la seguridad jurídica de los regantes".

   En cuanto al régimen tarifario, el secretario general de UPA-A ha afirmado que "se tiene que convertir en un verdadero instrumento que incentive el ahorro, por lo que UPA y Areda coinciden en que pague menos quien más ahorre".

   Por último, Agustín Rodríguez ha planteado "una reforma legislativa que garantice el pagar solo por lo consumido, anteponiendo así los intereses generales de los ciudadanos y, particularmente en este caso del regadío, al oligopolio de las eléctricas". "El Gobierno tiene, sin duda, que hacer frente a esta realidad que ha puesto en riesgo la propia viabilidad de los regadíos como sistema productivo", ha subrayado.

   Por su parte, el vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Regantes de España, Matías Gómez, ha propuesto que se tenga en cuenta, en el nuevo Plan de Desarrollo Rural de Andalucía, "unas medidas específicas de modernización de regadíos para la investigación, el desarrollo y la inversión en cuestiones de ahorro de distribución y eficiencia energética con la autorización de energías renovables".

   También ha exigido "las concesiones administrativas a las comunidades que siguen en precario por la relajación de las administraciones", así como que se haga un Plan Hidrológico "eficaz y efectivo para la agricultura y el regadío de toda España, consensuado por todas las fuerzas políticas, agrarias y de regantes".