El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, se ha referido este jueves al posible fraude en ayudas para cursos de formación y ha asegurado que la Junta "no tiene nada que ocultar", por lo que ha reclamado al Ministerio del Interior que "no haga filtraciones" y que, "si tiene datos" que sean constitutivos de delito, "vaya a la Fiscalía o a los tribunales".
En declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, Luciano Alonso ha tachado de "absolutamente doloroso" que "se abra una sensación de causa general contra toda Andalucía" y se hable de "un fraude generalizado" de 2.000 millones de euros, cantidad que, según ha explicado, Andalucía "recibió entre 2007 y 2013 para la formación".
"En esas cantidades tenemos a toda una sociedad andaluza", pues "han dado cursos de formación empresarios, sindicatos, universidades, Cruz Roja, ayuntamientos, diputaciones...", ha indicado Alonso, quien ha insistido en calificar de "muy grave, serio y absolutamente inaceptable" la "filtración" del Gobierno, pues "no se puede hablar así de un pueblo, de una comunidad autónoma ni de un gobierno".
"LEALTAD INSTITUCIONAL"
"Ese tipo de afirmaciones no se pueden hacer, pues las comunidades autónomas también somos Estado y tiene que haber una lealtad institucional", ha lamentado Alonso, quien ha insistido en que, "si el Ministerio del Interior tiene datos, que los de, y si son constitutivos de delitos, que los lleve a la Fiscalía".
Este asunto, según ha añadido, "no está" aún "en manos de jueces y fiscales", por lo que si Interior "no tiene esos datos, que no haga filtraciones, y si los tiene que vaya a la Fiscalía o a los tribunales de justicia.
El consejero, que se ha mostrado dispuesto a comparecer en el Parlamento andaluz por este asunto, ha asegurado que la Junta "llegará al final de toda aquella ilegalidad, si es que la hay", pues "no tenemos nada que ocultar y el rigor, la transparencia y la responsabilidad tienen que ser elementos constitutivos de un estado democrático".
La Junta "estará vigilante" para que, si se demuestra algún tipo de ilegalidad, "se devuelva el dinero", de manera que "si hay delito lo mandaremos a los tribunales de justicia".
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