Izquierda Unida, socio del PSOE en el Gobierno andaluz, quiere que la Junta no sancione a los funcionarios judiciales dependientes de la administración autonómica que se nieguen a ejecutar desahucios de viviendas en caso de que los afectados sufran situaciones de exclusión social.
Así lo reclama la federación de izquierdas a través de una proposición no de Ley registrada para su debate en la Comisión de Justicia e Interior del Parlamento andaluz y que ya ha sido admitida a trámite por la Mesa de la Cámara.
En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, IULV-CA insta en concreto a la Junta a "adoptar las medidas oportunas, dentro de las competencias autonómicas, que permitan a los funcionarios de Justicia de Andalucía negarse a realizar diligencias de lanzamiento enmarcadas en las circunstancias previstas en la Ley de Función Social de la Vivienda, eximiéndoles en estos casos de la responsabilidad disciplinaria que pudiera derivarse".
IU recuerda que el propio consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, "hizo unas declaraciones en las que solicitaba a los jueces andaluces que paralizaran los lanzamientos mientras dure la suspensión cautelar de la Ley Antidesahucios, acordada por el Tribunal Constitucional (TC) con motivo del recurso interpuesto por el Gobierno del Partido Popular".
En línea "consecuente" con estas manifestaciones, IULV-CA apela a las "competencias que tiene" la Consejería de Justicia e Interior para que los funcionarios dependientes de este departamento que opten por la "objeción de conciencia" no tengan que "asumir sanciones disciplinarias por su negativa a participar en cumplimiento de sus funciones y de las órdenes de sus superiores en desahucios de familias en situación de exclusión social".
La proposición no de Ley de IULV-CA también plantea que el Parlamento muestre su "rechazo" al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Nación contra la Ley de la función social de la vivienda, que ha supuesto la suspensión de los apartados relativos a la expropiación temporal del uso de las viviendas a los bancos en casos de desahucios que afecten a personas que sufren exclusión social.
