El Ayuntamiento de Sevilla ha garantizado hoy que aplicará a las familias de la corrala La Utopía los mismos baremos sociales que emplea para el resto de vecinos, y ha cifrado en unas 388 las familias sevillanas que reúnen los máximos requisitos para ser realojadas en viviendas públicas.
El Consistorio sevillano, que de momento solo ha recibido una comunicación telefónica, se encuentra la espera de que la Junta le remita la documentación sobre las ocho familias de la corrala realojadas en casas públicas para que sus servicios sociales analicen caso a caso.
Este fue el acuerdo alcanzado entre el PSOE e IU, socios del Ejecutivo andaluz, para intentar salir de la crisis de gobierno que ha provocado el realojo de estas personas, ubicadas temporalmente en pisos propiedad de la Junta.
La delegada de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación, Dolores de Pablo-Blanco, ha recordado que en Sevilla hay unos 12.000 demandantes de vivienda pública, de los cuales unos 388 reúnen todos los requisitos exigidos por los servicios sociales para evaluar los distintos grados de exclusión social.
"De las familias desalojadas solo dos aceptaron la evaluación de los servicios sociales municipales y ocuparían los puestos 100 y 122 de demandantes", ha indicado la delegada, que ha garantizado ante los periodistas que "todos los ciudadanos tendrán igualdad en el derecho a la vivienda".
"No podemos solemnizar la patada en la puerta y debemos garantizar la igualdad de todos los ciudadanos de Sevilla. La patada en la puerta ni pesará positiva ni negativamente en los criterios de baremación", ha sostenido.
Según la responsable municipal, una vez recibida la documentación de estas familias serán los servicios sociales municipales los que se entrevisten con sus miembros para evaluar, con los "mismos" criterios de "igualdad y legalidad" que para el resto de ciudadanos, el grado de exclusión social.
Estas ocho familias realojadas por la Consejería permanecerán en casas públicas provisionalmente, hasta que los servicios sociales acrediten que están en riesgo de exclusión social.
Ha quedado suspendido el realojamiento de otras nueve familias que Fomento pretendía que se hiciera en viviendas de alquiler privado hasta que se estudien sus circunstancias y los servicios sociales comunitarios actualicen los informes sobre exclusión social y a la necesidad habitacional de las mismas.
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