El Plan de lucha contra el fraude fiscal que la Junta puso en marcha en 2012 ha permitido recaudar desde ese ejercicio y a lo largo de 2013 un total de 277 millones de euros, que habían sido "ocultados" a la Agencia Tributaria andaluza.

   Así lo ha expuesto la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, que ha aprobado este martes el contrato de gestión de la Agencia Tributaria de Andalucía (Atrian) para el periodo 2014-2017, que recoge como objetivos prioritarios reforzar la lucha contra el fraude fiscal, avanzar en la gestión eficiente de los recursos y facilitar a la ciudadanía los cauces para el pago de los impuestos, mejorando los servicios de información y asesoramiento.

   Según María Jesús Montero, se trata de dinero que ha sido evadido por parte de particulares y de empresas y que, en virtud de actuaciones o tareas proactivas de los inspectores, ha sido detectado y, a partir de ahí, se inician procedimientos sancionadores, cuando se trataba de obligaciones monetarias, o apercibimientos, ante casos de no presentación de la documentación porque se entendía que el no tener que pagar eximía de presentar los papeles.

   Ha querido dejar claro que no existe ningún impuesto que se llame "lucha contra el fraude fiscal", sino que de cada uno de los impuestos se aflora recaudación que estaba, hasta la fecha, en economía sumergida o que estaba oculta a la Agencia Tributaria.

   Ese dinero que "aflora" está básicamente relacionado, según ha señalado la consejera, con el impuesto de sucesiones y donaciones, con el impuesto de patrimonio y los actos jurídicos documentados, que habitualmente están ligados a la gerencia o la adquisición de un bien inmueble, ante lo que a veces se interpone una sociedad o empresa para intentar evadir las obligaciones fiscales.

   Ha explicado que la lucha contra el fraude fiscal ya no es una actuación extraordinaria como consecuencia de la situación de crisis, sino que, de aquí al año 2017, se incorpore como una "línea de trabajo propia" de la Agencia Tributaria. De hecho, para este ejercicio, se calculan unos ingresos de 300 millones de euros en virtud de ese plan de lucha contra el fraude fiscal.

   La consejera ha manifestado que la lucha contra el fraude fiscal tendría que ir permitiendo cada año disminuir la cantidad que se "aflora", lo que sería "lo ideal" porque significaría que cada vez más personas han normalizado su contribución a la hacienda pública, si bien la Junta considera que hasta 2017 no se va a estar en condiciones de disminuir el afloramiento de esa economía sumergida.

   En cuanto a la futura ley de lucha contra el fraude fiscal, Montero ha indicado que el texto irá en breve al Consejo Consultivo y que espera que antes del verano pueda estar registrado en el Parlamento andaluz.

NUEVO CONTRATO DE GESTIÓN DE LA AGENCIA

   En cuanto al nuevo contrato de gestión de la Agencia Tributaria de Andalucía, que se desarrollará a través de planes de acción anuales y de control tributario, establece las prioridades, los recursos presupuestarios y de personal y los indicadores que permitirán evaluar la actuación de la Atriam en los ámbitos de la gestión, liquidación, recaudación e inspección de los tributos propios y de los estatales cedidos totalmente a la comunidad autónoma, así como el ejercicio de la potestad sancionadora y la recaudación en período ejecutivo de los ingresos de derecho público.

   Entre las medidas para reforzar el control tributario y la detección del fraude fiscal, se intensificará la colaboración con otras administraciones públicas, especialmente con la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Con este organismo se mantendrá el convenio suscrito en 2011 para el intercambio masivo de información mediante el acceso recíproco a sus bases de datos, que facilita contrastar referencias acerca de bienes, actividades y rendimientos que antes estaban ocultos al fisco.

   La Atrian también firmará acuerdos bilaterales con ayuntamientos y diputaciones provinciales, así como con el Consejo General del Notariado como vía para conocer los documentos públicos que se suscriban. Esta colaboración interadministrativa permitirá disponer de la información necesaria para incrementar los controles de presentación de autoliquidaciones y mejorar la comprobación las mismas, según ha expuesto Montero.

   El contrato de gestión aprobado también plantea como objetivo fundamental optimizar la asistencia que la Agencia Tributaria ofrece a la ciudadanía, de forma que su actuación no quede relegada a la de mero órgano recaudador. En este ámbito se plantean medidas de mejora de la información sobre autoliquidaciones y de ampliación de los servicios telemáticos, que actualmente se utilizan ya en el 60 por ciento de las mismas.

   También se dará prioridad a la asistencia cualificada a los contribuyentes en la declaración de los impuestos de mayor complejidad y de aquellos que se realizan en ocasiones puntuales.

   En relación con el refuerzo de la información y el asesoramiento de calidad, la Atrian impulsará la formación permanente y la especialización de su personal. También se abordará la revisión de la actual plantilla, formada por 702 personas, que podría ampliarse progresivamente hasta alcanzar un máximo de 860 efectivos a final de 2017. Según la consejera, el coste actual de la agencia, "más que razonable", es de 65 millones de euros, destinado básicamente a gastos de personal.

   En materia de recursos humanos, el contrato de gestión incluye, asimismo, criterios y mecanismos para la exigencia de responsabilidades al personal directivo por los resultados de su gestión.

   Respecto al balance del anterior contrato de gestión de la Atrian, que fue aprobado en 2010 coincidiendo con su entrada en servicio. la recaudación neta alcanzada ha superado los 7.319 millones de euros, de los que un 75 por ciento fueron ingresados por autoliquidaciones y el resto por liquidaciones, actas y sanciones.

   Entre 2010 y 2013 se han llevado a cabo 594.000 actuaciones liquidatorias (procedimientos que introducen correcciones sobre las autoliquidaciones presentadas) que han generado derechos reconocidos netos por valor de más de 1.500 millones de euros.

   Durante el periodo 2012-2013 se realizaron cerca de 97.000 controles de presentación. Sólo en el pasado ejercicio se incoaron 41.000 procedimientos sancionadores. En ese mismo periodo también se produjeron 59.612 solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de pago.

   En lo referente a la mejora de la prestación de servicios al contribuyente, durante la vigencia del anterior contrato se contabilizaron más de un millón y medio de consultas de información y asistencia tributaria, a las que se suman las 580.000 atendidas a través de la Unidad de Asistencia Telemática del Centro de Información Tributaria. Las encuestas realizadas en 2013 muestran que el nivel de usuarios satisfechos o muy satisfechos con los servicios prestados por la agencia alcanza el 79,5 por ciento.