El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha mantenido que es la Junta de Andalucía la que deberá decidir, en su momento, cuándo procede demoler el hotel de la promotora Azata ubicado en el paraje de El Algarrobico, en la costa de Carboneras (Almería), y ha ratificado el compromiso del Estado de cofinanciar al 50 por ciento los costes de la demolición y recuperación de la zona.
En una rueda de prensa para presentar los datos de consumo alimentario en España, ha recordado que no es el Gobierno central el que puede tomar la decisión de ejecutar las sentencias sobre la construcción sino que es la Junta "cuando considere que se han agotado los trámites legales y que es procedente la demolición" la que debe acordar esa ejecución.
"Yo puedo ratificar el compromiso firme del Estado para que cuando la Administración autonómica, en el momento en el procesalmente pueda, acuerde la demolición el Gobierno participe financiando los gastos de la demolición y la restauración, tal y como se estableció en el protocolo de colaboración", ha dicho Arias Cañete, que ha insistido en subrayar que "cuando así lo acuerde estableceremos de común acuerdo los gastos de demolición y los financiaremos al 50 por ciento, dentro del espíritu de colaboración que tenemos".
Por otro lado, el ministro ha recordado que la reciente sentencia del TSJA que declara "urbanizable" el suelo resuelve un procedimiento en el que no fue parte la Administración General del Estado y que, además, afecta a cuestiones de competencia autonómica y no del Dominio Público Marítimo Terrestre que es lo que el Gobierno tiene "responsabilidad de proteger".
Además, el ministro ha dicho que con la actual Ley de Costas y su denominada cláusula Algarrobico se evitarán este tipo de situaciones ya que cuando el Gobierno central considere que una licencia municipal infringe esa ley puede pedir su suspensión en vía administrativa y evitar que la construcción se inicie. "No estaríamos en la situación en la que estamos porque la experiencia demuestra que si se permite hacer una edificación y el Estado no tiene recursos para pararla, volver al punto inicial es muy complicado", ha indicado.
Así las cosas, ha lamentado que ahora en torno a la construcción hotelera haya una "maraña de recursos" que "hace muy difícil saber en qué momento hay que ejecutar la sentencia y en qué momento la administración puede pedir la demolición".
