La Junta de Andalucía ha presentado ya un recurso ante el Tribunal Supremo (TS) contra el reparto "injusto" del objetivo de déficit para el periodo 2013-2016 entre la Administración central y las comunidades autónomas, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, quienes han precisado que el recurso fue presentado el 20 de marzo por parte de los servicios jurídicos centrales de la Junta.
Precisamente, ese mismo día 20 de marzo la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, anunció en comisión parlamentaria la interposición de dicho recurso, dado que "no se respeta" lo establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y se hace recaer "el peso del ajuste de forma desproporcionada en las comunidades autónomas", que son las responsables de la prestación de los servicios públicos fundamentales.
Este recurso se produce después de que, el pasado 28 de enero, el Gobierno comunicara formalmente a la Junta (después de haberlo aprobado en el Consejo de Ministros del día 10 de ese mismo mes) que no admitía el requerimiento presentado por la Administración andaluza para que se modificara este reparto del objetivo de déficit.
La presentación de dicho requerimiento por parte de la Junta fue aprobado por el Consejo de Gobierno el 28 de agosto de 2013, por lo que, en cierto modo, se preveía que el Gobierno pudiera no admitirlo y que la Junta, tal y como anunció entonces, tuviera que utilizar todos los cauces legales a su alcance para intentar otro reparto del objetivo de déficit.
Ante esto, Montero ha mostrado su esperanza en que "los tribunales den la razón a la pretensión del gobierno autonómico para que podamos disfrutar del mayor margen que se le concedió al Gobierno de España al objeto de que la disminución del gasto publico no tuviera un efecto depresor sobre a economía y pudiéramos contribuir y seguir trabajando en la generación de empleo en la Comunidad".
En su intervención parlamentaria, la consejera recordó que los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones públicas y cada uno de sus subsectores fueron acordados en las reuniones del Consejo de Ministros del 28 de junio (período 2014-16) y 12 de julio de 2013 (año 2013).
A juicio del Gobierno andaluz, según explicó entonces la consejera, dichos acuerdos "incumplen" lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, ya que esta norma dispone que ninguna administración podrá incurrir en déficit estructural, pero fija un periodo transitorio para su reducción paulatina hasta 2020.
Sin embargo, según Montero, el Gobierno "no solo se salta el período transitorio al acortar el plazo previsto, sino que a la vez impone unos objetivos de déficit para el conjunto de las comunidades que implican unas reducciones mayores de las que corresponderían si se aplicara correctamente lo dispuesto en la Ley Orgánica, con el consiguiente perjuicio económico para las autonomías, pero, sobre todo, para los ciudadanos".
Ante ello, la consejera también criticó que el Gobierno central se haya "apropiado del mayor margen que la Comisión Europea concedió a España para reconducir el déficit público, en detrimento de las comunidades autónomas".
