El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, presentará el próximo jueves ante el Tribunal Constitucional (TC) el recurso contra la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que ha adaptado su contenido al informe del Consejo Consultivo de Andalucía.
Así lo ha anunciado el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, que ha autorizado definitivamente este martes la interposición de este recurso, al que ya había dado luz verde inicialmente el pasado 25 de febrero.
El recurso, que mantiene los motivos de impugnación, se centra en 25 artículos y disposiciones que, a juicio de la Junta, "alteran el marco competencial vigente, vulneran el principio descentralizador recogido en la Constitución y dejan la mayor parte de los ayuntamientos sin capacidad para gestionar los servicios, al introducir principios de viabilidad financiera ajenos a su carácter público y al mandato de la ciudadanía expresado democráticamente en las elecciones locales".
"ATAQUE FRONTAL AL AUTOGOBIERNO"
El Gobierno andaluz toma esta decisión al interpretar que la norma estatal es un "ataque frontal a las competencias de la comunidad autónoma y a la capacidad de autogobierno de las entidades locales, ancladas en el Estatuto y su posterior desarrollo legislativo". A su juicio, la norma "supone una recentralización y un control por parte del Gobierno de la nación, de modo que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas será el que evalúe el coste de todos los servicios", al tiempo que "abre las puertas a la privatización" al establecer que la competencia de los servicios será municipal sólo si las cuantías son "competitivas".
Según la Junta, los efectos de la reforma local "se notarán especialmente" en los 691 municipios de menos de 20.000 habitantes --el 89,5 por ciento del total con una población que supera los tres millones de personas-- que "podrían perder buena parte de sus competencias a favor de las diputaciones", mientras que los 509 municipios andaluces de menos de 5.000 habitantes "quedan expuestos a la posibilidad de ser disueltos e intervenidos de forma unilateral".
Junto a ello, el Gobierno andaluz recuerda que la norma estatal afecta directamente al desarrollo de las leyes de Autonomía Local de Andalucía (Laula) y de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica), en vigor desde 2010. La primera concede plena autonomía a los municipios para decidir cómo organizan su territorio y delimita sus 28 competencias propias y fija los procedimientos para la posible transferencia de gestión desde la Junta. Por su parte, la Patrica garantiza a los entes locales una financiación incondicionada, es decir, respetando las decisiones y prioridades de gasto de los ayuntamientos.
40.000 EMPLEOS EN RIESGO
Respecto a los efectos económicos de la reforma, la Junta estima que su desarrollo pondrá en riesgo alrededor de 40.000 empleos en Andalucía, tanto por la pérdida de funciones como por las privatizaciones de servicios que propicia. En su opinión, los ámbitos de gestión "más amenazados" son los relativos a "educación, sanidad, servicios sociales, transporte, empleo o consumo". Sólo en servicios sociales (guarderías, ayuda a domicilio y pequeñas residencias de mayores, entre otros), la cifra de puestos de trabajo en peligro asciende a 32.000 personas, de acuerdo con las previsiones del Ejecutivo andaluz.
Finalmente, la Junta advierte de que el impacto financiero de la reforma para las arcas autonómicas, que deberán asumir el coste de los servicios que se sustraen a las competencias municipales, se estima inicialmente en unos 600 millones (330 corresponden a educación, 162 a políticas sociales y 16 al transporte público).
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