La Fiscalía de Sevilla ha archivado la denuncia que presentó el portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en Andalucía, Martín de la Herrán, contra el abogado que ejerce la acusación particular del PP en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, al no apreciar en su actuación delito alguno, ni de deslealtad profesional, ni de omisión del deber de impedir delitos o de promover su persecución, ni de encubrimiento.
Hay que recordar que el dirigente de UPyD denunció el pasado mes de febrero ante la Fiscalía hispalense al letrado Luis García Navarro alegando que fue secretario de una sociedad que recibió 2.650.759 euros procedentes del denominado 'fondo de reptiles'.
En el decreto de archivo, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía señala, respecto al delito de deslealtad profesional, que "no tiene encaje posible" en el artículo 467.1 del Código Penal "por cuanto la defensa de personas con intereses contrarios ha de tener lugar en el mismo asunto, amén de que este delito no es un delito meramente formal, sino que exige la producción al cliente de un perjuicio económico o que al menos afecte a las acciones o pretensiones del mismo".
En relación al delito del deber de impedir delitos o de promover su persecución, la Fiscalía dice que, "aún admitiendo que el abogado denunciado conoció lo decidido y actuado por los miembros del consejo de administración de la compañía Al Ballut Dehesas de Calidad en orden a la percepción de ayudas públicas, ello en ningún caso podría ser constitutivo" de dicho delito, pues "esta conducta omisiva para que tenga trascendencia jurídico penal requiere que esté referida a delitos que afecten a las personas en su vida, integridad o salud, libertad o libertad sexual".
Además, "tampoco esa hipotética inactividad del letrado denunciado constituiría un delito de encubrimiento", pues éste "precisa de una intervención posterior a la comisión del hecho delictivo consistente bien en auxiliar a sus autores para que se beneficien del mismo, o bien en ocultar o inutilizar los efectos o instrumentos del delito, extremos que ni tan siquiera menciona el denunciante".
La Fiscalía deja claro, por último, que "es un dato conocido" por la juez Mercedes Alaya, fiscal y partes personadas en el caso que el abogado del PP "ostentó el cargo de secretario, que no consejero ni socio, del consejo de administración" de Al Ballut, ya que en las actuaciones consta una nota simple informativa del Registro Mercantil de Sevilla relativa a la sociedad mencionada.
LA DENUNCIA
En el escrito elevado al Ministerio Público, el portavoz de UPyD recordaba que, según sendos autos dictados por la propia juez, la mercantil Al Ballut Dehesas de Calidad "recibió durante los años 2003 y 2004 hasta 1.450.759 euros del 'fondo de reptiles'", mientras que la sociedad MSM Montanera de Jabugo S.L., "cuya administradora única era la anterior mercantil mencionada, también percibió en febrero de 2004" hasta 1,2 millones de euros de dicho fondo.
Añadía el dirigente de UPyD en su escrito que, en 2002, el letrado fue nombrado secretario de Al Ballut Dehesas de Calidad, "cargo que ostentó hasta 2006", de manera que "cuando ocupaba el cargo" mencionado, esta sociedad y la administrada por ella "recibieron más de dos millones y medio del 'fondo de reptiles'".
El escrito ponía de manifiesto, asimismo, que según indicó la juez en un auto, "cuando la sociedad Al Ballut Dehesas de Calidad recibió el mencionado importe del 'fondo de reptiles', ésta no tenía ningún tipo de actividad ni trabajadores, situación que se prolongó hasta 2006, fecha coincidente con el cese de García Navarro como secretario de la sociedad que estaba presidida por José Enrique Rosendo".
DENUNCIA "INFUNDADA"
UPyD considera que el abogado del PP tendría que conocer que el dinero procedía del 'fondo de reptiles', ya que "en base a la legislación española en materia de sociedades, el secretario de los órganos de gobierno de una sociedad es parte fundamental en la acción de los mismos, debiendo velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del Consejo, y operando, además, como medio de comunicación entre la administración y los consejeros".
Tras conocer la denuncia, el abogado del PP hizo público un comunicado en el que tachó la misma de "absolutamente infundada" y explicó que el 27 de agosto de 2002 "se requirieron sus servicios profesionales como abogado por parte de unos empresarios para asesorar en la constitución" de la sociedad All Ballut Dehesas de Calidad.
Así, añade, ejerció "como secretario no consejero única y exclusivamente en la sesión constitutiva de dicha mercantil, que fue en la única para la que se requirieron sus servicios profesionales como abogado".
Asimismo, el letrado agregó que su participación en la sociedad "se limitó a asistir a la sesión constitutiva de la misma", de manera que "nunca más estuvo en una reunión ni sesión". "Si seguí figurando como secretario no consejero fue porque el único órgano que tenía la facultad de cesarme formalmente no lo hizo hasta el 19 de septiembre de 2003", subrayó.
"Nunca he realizado ninguna gestión conducente a la obtención de ayudas públicas por parte de All Ballut Dehesas de Calidad ni por supuesto jamás he recibido ni un solo céntimo de dicha sociedad. Tampoco los honorarios profesionales que me hubieran correspondido por mi trabajo profesional como secretario no consejero en la sesión constitutiva de la empresa", precisó.
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