La Fiscalía Anticorrupción ha elevado un escrito a la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares en el que le reclama que libre un oficio a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que ésta establezca un "calendario previsible" para la entrega de los informes de seguimiento relativos a ayudas sociolaborales y a empresas que se encuentran pendientes de recibir, entre ellos, cabe recordar, el relativo a las ayudas concedidas a la Sierra Norte de Sevilla, vinculadas supuestamente al exconsejero de Empleo José Antonio Viera.
En el escrito elevado al juzgado de Mercedes Alaya, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público realiza esta y otras peticiones "con la finalidad de tener información del estado actual de las investigaciones que se están llevando a cabo" por la UCO, la Agencia Tributaria y la Dirección General de Seguros y para lograr "el buen fin de la investigación y la necesaria concreción de las imputaciones que se deriven de los hechos que son objeto de investigación".
De este modo, pide que se oficie a la Guardia Civil para que aporte "a la mayor brevedad posible" un informe con el resultado de las entradas y registros practicados desde el inicio de la causa, "detallando el resultado de los mismos y la documentación pendiente de analizar", así como el "detalle de la documentación retirada de la segunda planta del edificio judicial --donde se ubica el Juzgado de Alaya-- conforme a la diligencia de entrega de fecha 21 de julio de 2011".
También reclama que la UCO informe sobre las declaraciones tomadas a testigos e imputados "pendientes de incorporar a los informes de seguimiento", así como que fije un "calendario previsible de fecha de ejecución y entrega de los informes de seguimientos relativos a las ayudas sociolaborales y ayudas a empresas pendientes de elaborar/entregar en el Juzgado".
Asimismo, y "habiéndose puesto de manifiesto a lo largo de la instrucción que algunas sociedades, tras haber recibidos las ayudas sociolaborales de la Junta, procedieron a realizar negocios de transmisión de acciones/participaciones o de bienes propiedad de la misma --por ejemplo suelo--", pide que los informes de seguimiento "recojan un apartado que exponga la existencia o no de negocios realizados por los gestores de la sociedad en el momento de la percepción de las ayudas de transmisión de títulos o bienes que puedan haber generado un beneficio favorecido por el mero hecho de la disminución o supresión de la plantilla de la misma".
Respecto a la Dirección General de Seguros, interesa que se aporten los informes elaborados en relación a las pólizas contratadas en las ayudas sociolaborales y un "calendario previsible" de fecha de ejecución y entrega de los informes relativos a estas ayudas pendientes de elaborar/entregar en el Juzgado, mientras que de la Agencia Tributaria reclama "informes y detalle de documentación que obre en su poder en cumplimiento de los auxilios jurisdiccionales acordados en relación a las ayudas sociolaborales y a empresas".
SOLICITA IMPUTAR AL PRESIDENTE DE ASELIP
En un segundo escrito, consultado por Europa Press, Anticorrupción pide a la juez que llame a declarar como imputado al presidente de la Asociación de Empresas de Limpieza Pública (Aselip), Francisco Jardón, y se declare responsable civil a la misma, pues entiende que la declaración como imputado prestada por el responsable de recursos humanos de Cespa, José Antonio Pérez Santos, "confirma los indicios de su participación en los hechos que son objeto de investigación".
Hay que recordar que la juez imputó como responsables civiles a Cespa y FCC-Medio Ambiente, imputando también a dos responsables de estas empresas, porque al menos 18 trabajadores no cobraron las subidas por las que sus compañías fueron destinatarias de 452.000 euros de la Junta para poner fin a una huelga de limpieza en Granada.
La Fiscalía, en este sentido, señala que la declaración prestada por Pérez Santos "arroja indicios de la participación en los hechos" de Juana Mancilla Caro, por lo que pide que se le impute "como persona que participó activamente en facilitar los pagos realizados por la Dirección General de Trabajo a las sociedades del sector de la limpieza de Granada Cespa y FCC".
Respecto a Aselip, la Fiscalía reclama que aporte certificación relativa a los miembros de la junta directiva de la misma desde 2005 a 2010.
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