El exinterventor general de la Junta de Andalucía entre los años 2000 y 2010 Manuel Gómez Martínez, imputado por la juez Mercedes Alaya en la causa donde se investigan los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha insistido en que "la evidencia de que el marco organizativo y financiero establecido había facilitado el fraude debió conducir a la asunción de responsabilidades políticas por quienes lo habían propiciado desde el Gobierno y el Parlamento" andaluz.

   En un artículo publicado este martes en el diario 'El Mundo', recogido por Europa Press, el exinterventor dice que "a estas alturas ya pocas dudas caben de que el modelo presupuestario del Programa 31L fue el caldo de cultivo que favoreció el desarrollo del fraude de los ERE irregulares", lo cual "ha sido reconocido hasta por dos presidentes de la Junta de Andalucía, en declaraciones que tuvieron notable trascendencia pública".

   Al hilo de ello, Manuel Gómez dice que "la reciente iniciativa judicial que ha provocado cierta controversia, al dirigir su mirada hacia el Parlamento, debe entenderse inscrita dentro del objetivo general de conocer a quién debe atribuírsele la decisión de establecer ese modelo carente de controles".

   "Desde mi punto de vista, la respuesta es clara: fue el Parlamento, al aprobar las sucesivas leyes del Presupuesto, quien estableció un modelo presupuestario de las ayudas sociolaborales y otras ayudas a empresas, con evidentes debilidades de gestión y control", asevera el exinterventor.

   Añade que los presupuestos de los ejercicios 2003 a 2010 "incluyeron el Programa 31L, asignándole, como objetivo principal, el mantenimiento del empleo y el tejido productivo de Andalucía, a través de la ejecución de convenios para ayudas a empresas en crisis y ayudas previas a la jubilación, financiadas con la transferencia de financiación al IFA".

   El exinterventor dice que los presupuestos "contenían información suficiente sobre el principal mecanismo legal utilizado por el Gobierno para la gestión de este programa de ayudas: los convenios entre la Consejería de Empleo y el IFA en virtud de los cuales la primera gestionaba las ayudas y la segunda las pagaba por orden de aquélla".

   A su juicio, la aplicación conjunta de ambos instrumentos, es decir, la transferencia de financiación y los mencionados convenios, "es lo que creó un marco organizativo y financiero con controles sumamente debilitados", por lo que dicho marco "no fue, por tanto, producto de una decisión adoptada por la Administración al margen o en contra de la legalidad presupuestaria, sino el resultado de una decisión del Parlamento de Andalucía".

"ACTIVO PAPEL" DEL PARLAMENTO

   Y es que, según explica, "en los estados democráticos, la decisión política que se plasma en la aprobación del presupuesto anual es un acto complejo en el que intervienen, necesariamente, el Gobierno y el Parlamento", de manera que "la iniciativa del proyecto le corresponde en exclusiva al Gobierno y la aprobación le corresponde al Parlamento".

   Con todos estos datos, prosigue, "he demostrado que el Parlamento andaluz no sólo conocía que las transferencias de financiación al IFA tenían como destino la concesión de subvenciones en un marco de gestión y control que adolecía de evidentes deficiencias, sino que tuvo un activo papel en la definición de todo ello".

   "Evidentemente, el Parlamento no aprobó ni autorizó, en manera alguna, el incumplimiento de la normativa de subvenciones y presupuestaria que tuvo lugar al conceder las ayudas de los ERE; ni mucho menos, huelga decirlo, los fraudes que se han conocido después", todo lo cual "tuvo ocasión de explicarlo" en su comparecencia en la comisión de investigación creada en el Parlamento.

"DESAGUISADO"

   El exinterventor, al hilo, considera que "la evidencia de que el marco organizativo y financiero establecido había facilitado el fraude debió conducir a la asunción de responsabilidades políticas por quienes lo habían propiciado desde el Gobierno y el Parlamento" andaluz, frente a lo cual, por el contrario, "en la comisión se pretendió atribuir la responsabilidad política del desaguisado al interventor general, el único órgano que estuvo en su sitio, formulando atinadas sugerencias y advertencias que nunca fueron atendidas".

   "De aquellos polvos vinieron estos lodos en los que, a veces, se tiene la impresión de que la Justicia se ha visto obligada a desempeñar un papel que no supo jugar la Política, cuando fue su momento", concluye.