Se trata además de un dinero que desvirtúa la Ley de financiación de partidos políticos de 1987, que fue ligeramente modificada en 2007 y que ese año hizo saltar las alarmas nada menos que en el Tribunal de Cuentas. En un informe de este organismo del Estado se señalan los datos de lo que destinan los consistorios a los partidos y tanto San Fernando como Jerez están a un paso de las dos capitales españolas.
El informe es de la inspección de cuentas del año 2004, gobernado el Ayuntamiento de San Fernando por los andalucistas como vienen haciendo desde 1989 y el Ayuntamiento de Jerez por un bipartido formado por el Partido Socialista de Andalucía (PSA) y el Partido Popular.
Durante ese año, las arcas municipales repartieron 416.400 euros entre los tres grupos políticos de la Corporación (Partido Andalucista, Partido Popular y PSOE), que si bien no llega a lo que se repartió en Madrid, con un total de 578.268 euros, sí está muy cerca de Sevilla, donde los partidos recibieron 474.197 euros o Bilbao, 450.000 euros. Jerez estuvo por encima de San Fernando con 418.292 euros.
Se trata de una forma de financiación que se escapa de la que está estáblecida en la Ley Orgánica 3/1987, lo que hace que cada administración local ponga sobre la mesa sus propios criterios a la hora de gastar el dinero público en el pago a los partidos políticos, lo que hacen a través de los concejales electos en cada una de las convocatorias electorales.
Haciendo cuentas
En el caso de San Fernando y centrando las cuentas en el año 2007 tras las elecciones del mes de mayo, es obvio que esa cantidad subió para todos los partidos políticos, aunque la distribución es distintas en función de los concejales conseguidos.
Por poner un ejemplo que puede servir para valorar a las tres fuerzas políticas representadas en la Corporación, cada uno de los partidos recibe una asignación de algo más de 4.000 euros al mes, que realmente se conceden para el mantenimiento de los grupos municipales pero al no tener estos entidad jurídica para recibir esos fondos, pasan por la administración de sus respectivas fuerzas políticas.
A esos más de cuatro mil euros se suman los 850 euros mensuales por cada uno de las actas de concejal conseguidas, por los que en el caso del PSOE –que sólo cobra lo estipulado por concejal más el sueldo del portavoz del grupo– lo que se recibe en la sede de la calle Arenal son alrededor 12.000 euros cada mes que llegan de las arcas municipales. Eso sin contar los 450 euros mensuales que cobra cada uno de los ocho concejales restantes.
Es obvio que los otros dos partidos políticos cobran mucho más, por cuanto en las asignaciones a los grupos no se cuentan los sueldos de los delegados liberados, total o parcialmente, que en caso de San Fernando son los dieciséis que conforman el Gobierno, cada uno con sus horas de dedicación que no obstante no arrojan sueldos inferiores a los 1.800 euros mensuales brutos. Y con catorce anualidades.
Otra cosa es cómo se reparte ese dinero desde el partido a los concejales y viceversa. Cada una de las formaciones políticas tiene su propia forma de actuar y sus acuerdos con sus concejales electos y mientras unos dedican más dinero al pago del personal político, otros dedican gran parte del dinero a actividades orgánicas, que es el caso del PSOE.
Lo normal, que es la norma no impuesta ni discrecional, es que un ciudadano que concurre en el una lista electoral y termina como concejal con delegación –miembro del equipo de Gobierno– cobre en el Ayuntamiento lo mismo que cobraba en el trabajo que ha tenido que dejar si tiene dedicación exclusiva, o lo que pierde por las horas que dedica al Ayuntamiento.
De la misma manera, hay concejales que cobran desde otras administraciones públicas al tener varios cargos políticos, caso de Manuel Prado y Carmen Pedemonte, que en el primer caso no cobra del Ayuntamiento pero eso no quiere decir que el partido no recoja su porcentaje por acta para su financiación. De todas formas, saber cada caso en particular a nivel de partidos es prácticamente imposible porque cada uno de ellos actúa según sus propios criterios.
Pero lo que dice el Tribunal de Cuentas de todo esto, sin entrar en menudencias, es que la financiación de los partidos políticos, que por Ley sólo está contemplada en la Ley Orgánica 3/1987, se ha desvirtuado de tal forma que ya reciben el 85 por ciento más de su financiación por medio de fórmulas que no están reglamentadas y que está provocando un tratamiento desigual entre unas y otras formaciones.
El talón de Aquiles de los pequeños
Y es que a lo que reciben de los ayuntamientos se une la financiación a través de las comunidades autónomas, mucho más suculenta que la de los municipios. Y a eso se añaden las subvenciones extraordinarias.
¿Qué es lo que ocurre, pues, cuando un partido pierde representación en las instituciones del Estado o, peor todavía, cuando también las pierde en las instituciones autonómicas, caso del PA en 2008?
Obviamente que tienen que ser los ayuntamientos los que prácticamente asuman el peso de su financiación a través de las distintas fórmulas posibles, pero sin dejar de poner sobre la mesa de las consideraciones que a menos concejales, menos dinero, y a menos poder, menos subvenciones y menos sueldos, menos porcentajes para el mantenimiento del partido y una cuesta abajo que termina por perder la confianza de los bancos y finalmente desaparecer por inanición.
Por esa regla de tres en los pueblos, sin necesidad de tener en cuenta argumentos de índole programática o ideológica, se dan los pactos que se dan y que desde otra óptica se califican como quieran calificarse.
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