El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, se ha reunido con los líderes regionales de todos los sindicatos con representación en el ámbito de la Administración de Justicia en Andalucía para presentarles el proyecto del nuevo modelo de Oficina Judicial y Fiscal.

   Según informa la Junta en una nota, el consejero se ha comprometido con los responsables las fuerzas sindicales a impulsar la implantación de este proyecto "desde el diálogo y al acuerdo con el objetivo de que su desarrollo se realice con la mayor eficacia y respaldo posible". El titular de Justicia e Interior ha mantenido una ronda de encuentros esta semana con los secretarios generales de CCOO, Francisco Carbonero; UGT-A, Carmen Castilla; CSIF, José Luis Heredia; USO, Agustín Parrilla, y STAJ, Nicolás Núñez.

   De esta manera, De Llera ha trasladado a los líderes regionales de estos sindicatos "las mejoras en el funcionamiento de la Justicia que supondrá el desarrollo de este nuevo modelo organizativo judicial", destacando especialmente los beneficios que aportará a los funcionarios de Justicia que trabajarán de forma "más cómoda y eficaz". A su juicio, con este modelo "se propiciará una redistribución de la carga de trabajo que soporta el personal de Justicia, que supondrá un reparto más equitativo y eficaz de sus tareas y una especialización en su trabajo".

   Además, el consejero les ha expuesto que el desarrollo de esta nueva estructura interna de la Justicia se realizará de forma progresiva y con el acuerdo también con los operadores jurídicos. La Oficina Judicial comenzará a implantarse este año como experiencia piloto en los juzgados de Vélez Málaga y El Ejido (Almería), mientras que la Oficina Fiscal se desarrollará por primera vez en Sevilla.

   De Llera ha valorado también que este proyecto, cuyo decreto fue aprobado el pasado mes de enero por el Gobierno andaluz, "permitirá conferir mayor celeridad a este servicio público contribuyendo a la reducción en sus tiempos de respuesta".
  
POTENCIACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES

   De esta manera, la Junta ha indicado que la nueva organización y estructura prevista en el decreto permitirá "mejorar y modernizar" la Administración de Justicia en Andalucía, al sustituir la configuración vigente hasta ahora --juez, secretario y personal adscrito a un solo órgano-- "por un modelo más eficiente de medios personales y materiales basado en servicios comunes de trabajo".

   El modelo de Oficina Judicial se distinguen dos tipos de áreas de trabajo: unidades procesales de apoyo directo y servicios comunes procesales. Las primeras asistirán directamente a los miembros de la judicatura, estarán dirigidas por secretarios judiciales y de ellas habrá tantas como juzgados. Las segundas, sin estar integradas en órganos judiciales concretos, asumirán labores de gestión y apoyo en las actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes.

   Estos servicios comunes procesales, que también estarán dirigidos por secretarios judiciales, serán de cuatro clases dependiendo de las tareas encomendadas: el general, para trabajos centralizados de gestión y apoyo; el de ordenación del procedimiento, que se ocupará de todos aquellos aspectos en los que no resulte imprescindible la labor de un miembro de la carrera judicial; el de ejecución, en el que se tramitarán asuntos que se encuentren en fase ejecutiva sin que tampoco requieran de esta intervención, y el de partido judicial. Estos últimos, para partidos sin separación de jurisdicción, se configurarán a su vez en dos secciones, procesal general y de ejecución.

   En cuanto a la Oficina Fiscal, el decreto establece la posibilidad de crear, cuando así lo aconsejen las dimensiones o el volumen de asuntos, cuatro áreas de trabajo formadas por diferentes equipos de funcionarios que serán de apoyo a la jefatura, para asistir al fiscal superior de Andalucía o a cada fiscal jefe; de soporte general, que centralizará la entrada y la tramitación de la documentación recibida por el Ministerio Público; de apoyo procesal y a la investigación, y de apoyo a la Sección de Menores.

   Por último, el nuevo modelo organizativo contempla que el servicio común procesal general de la Oficina Judicial proporcionará a la Oficina Fiscal el apoyo necesario para el desarrollo de algunas funciones, "siempre y cuando la racionalización del gasto y la optimización de recursos así lo aconsejen".

   El consejero ha avanzado también que su departamento trabaja ya en el desarrollo de las órdenes que permitirán implantar cada uno de los servicios y fijar el número de funcionarios adscritos a las unidades previstas en el nuevo modelo.