La vicesecretaria general del Partido Popular andaluz, Virgina Pérez, ha atribuido este jueves el último auto de la juez instructora del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, Mercedes Alaya, a que el "PSOE-A puso siempre, desde el primer momento, el punto de mira al Parlamento porque no le interesaba que estuviera en el Ejecutivo andaluz".
Así lo ha dicho Pérez en su primera rueda de prensa desde que fue designada el pasado fin de semana 'número tres' en la nueva Ejecutiva del PP-A.
Según ha explicado, con este auto en el que Alaya ordena a los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado que informen sobre "qué pudo conocer" la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento andaluz "sobre las irregularidades que se estaban produciendo en la concesión de subvenciones sociolaborales", lo que hace es que ver "hasta que punto", tal y como alegan algunas defensas, el Parlamento podía conocer lo que supuestamente estaba pasando.
En esa línea, Pérez ha advertido de que este auto de la juez no se habría producido "si cuando se realizó la comisión de investigación de los ERE" en la Cámara autonómica --que ha calificado de "paripé"-- "pues se hubiesen dado todas las explicaciones y toda la documentación que se tenía que aportar".
"Si se hubiesen cerrado cuáles eran los mecanismos exactos sobre cómo sale ese dinero del Parlamento dentro de los presupuestos, cómo se gestionan a través de las empresas públicas y cuál es el destino final de esas partidas, ahora no se plantearía Alaya que hay que investigar a los parlamentarios andaluces", ha añadido.
Tampoco se hubiera producido este último auto de Alaya, en opinión de Pérez, si el PSOE-A no hubiera "intentado responsabilizar absolutamente a todo el mundo desde que empezó esta larga travesía de los ERE" con la intención de "justificar, a través del paso por el Parlamento de un presupuesto, la gestión posterior de unos fondos que no tiene nada que ver".
Pese a ello, la vicesecretaria general de los 'populares' andaluces ha querido destacar que "los parlamentarios andaluces conocían la existencia" de las partidas presupuestarias y las cifras de cada una de ellas pero no así su destino porque eso era responsabilidad posterior del Ejecutivo andaluz y "a nadie se le puede pasar por la cabeza que al final ese dinero se va a desviar" a aquello para lo que fue aprobado.
"Los diputados del PP-A, IULV-CA y PSOE-A conocen una serie de cuestiones reflejadas en un presupuesto, unas cifras, pero no la gestión de esas cifras. Es decir, hay una partida que va destinada a una agencia y a través de la agencia se hace todo lo demás", ha explicado para eximir de responsabilidad a estos parlamentarios y, sobre todo, a los 'populares', que si quiera han dado su apoyo nunca al Presupuesto de la Comunidad Autónoma andaluza.
Es por ello en lo que ha insistido en que quien "debe dar explicaciones" es el Gobierno andaluz y, en concreto, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a la que ha pedido que "busque soluciones para que haya transparencia en el Parlamento y para que su gestión sea transparente y clara".
También le ha pedido que "colabore definitivamente con la justicia" porque, a su entender, "no lo ha hecho". "Si hubiera sido así, no estaríamos hoy día hablando ahora de estas circunstancias y de estas investigaciones a unos parlamentarios que, salvo los diputados del Ejecutivo que han fraguado y han intentado desviar de todos los controles posibles estos dinero, el resto poco conocían".
