El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha decretado el embargo de una motocicleta propiedad del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero a fin de cubrir la fianza de responsabilidad civil de 686 millones de euros que le impuso en su día la juez Mercedes Alaya.
Por medio de un decreto, al que ha tenido acceso Europa Press, la secretaria del Juzgado, Rosa María Vélez, pone de manifiesto que los bienes ya embargados a Francisco Javier Guerrero "no se estiman en principio suficientes para cubrir la fianza fijada" el 14 de marzo de 2012, por lo que "se ha procedido a la averiguación de bienes a través del Punto Neutro Judicial".
"A la vista de lo actuado en la presente pieza y siendo insuficientes los bienes embargados, se estima que procede acordar la mejora de embargo sobre los bienes del imputado", subraya la secretaria, que por ello decreta el embargo de una motocicleta marca Suzuki modelo VL250 propiedad del exdirector general de Trabajo.
En abril de 2013, el Juzgado ya acordó embargar a Guerrero una finca inscrita a su nombre en El Pedroso (Sevilla) y otra finca de la que posee un tercio de la propiedad, así como todos sus saldos bancarios y las devoluciones pendientes de recibir de la Agencia Tributaria.
Recientemente, el Juzgado de Alaya ya decretó el embargo de dos vehículos, en concreto un Ford Mondeo y un Seat Panda, del 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas para hacer frente a la fianza de responsabilidad civil de 38.074.630,12 euros que le impuso la juez.
GUERRERO, DOS VECES EN PRISIÓN POR EL CASO ERE
Guerrero ha estado en prisión hasta en dos ocasiones por el caso ERE, la primera de ellas entre el 10 de marzo y el 22 de octubre de 2012, cuando salió en libertad tras pagar una fianza de 50.000 euros.
Tras ello, volvió a entrar en la cárcel en marzo de 2013 en el marco de la operación 'Heracles' desarrollada por la Guardia Civil, permaneciendo interno hasta el 5 de junio de ese año, cuando salió después de que Alaya lo dejara en libertad sin fianza.
Hay que recordar que, frente a la petición de la Fiscalía Anticorrupción de que se impusiera al imputado una fianza de 933 millones de euros, la magistrada decidió rebajarla a 686 millones, fianza que "tiene una decidida finalidad, cual es la devolución de las ingentes cantidades de dinero que, de manera presuntamente ilícita, han salido del erario público", tras lo cual analizó una serie de factores para determinar la misma, como "los sólidos indicios que existen" contra el imputado, "de forma que efectuando un cálculo de probabilidades es previsible que pudiera resultar condenado".
