Actualizado: 21:06 CET
Jueves, 05/12/2019
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La Calahorra, La Peza, Polícar y Huéneja consiguen la certificación energética

La Diputación de Granada ha promovido, a través de la Agencia Provincial de la Energía, la certificación energética de 45 edificios públicos de la provincia con la colaboración de doce ayuntamientos.


La Diputación de Granada ha promovido, a través de la Agencia Provincial de la Energía, la certificación energética de 45 edificios públicos de la provincia con la colaboración de doce ayuntamientos: La Calahorra, Cortes de Baza, Cuevas del Campo, Escúzar, Huéneja, Huetor Tájar, Nívar, La Peza, El Pinar, Polícar, Turón y Ventas de Zafarraya. Son nueve casas consistoriales, diez colegios, cuatro edificios de usos múltiples, tres casas de la cultura así como consultorios médicos, bibliotecas, centros de día o Guadalinfo los que tienen ya esta placa de certificación energética a la que obliga la ley.
Para facilitar su implantación, la Diputación ha ofrecido a los ayuntamientos de la provincia que se unan a esta iniciativa que tiene su continuidad a través de los convenios municipales Granada es Provincia 2014-2015. Así lo ha señalado hoy en rueda de prensa el vicepresidente segundo y diputado delegado de Medio Ambiente, José Robles, que ha especificado que “además de certificar el comportamiento energético de los edificios públicos, los trabajos que ha realizado la Diputación de Granada ponen sobre la mesa soluciones para que los ayuntamientos tomen medidas en el futuro de manera que se ahorre energéticamente y, por tanto, económicamente”.
La idea es que sus gestores puedan disponer de la información de cuánto gasto de energía conlleva el uso del inmueble. “Las personas cuando vamos a comprar un coche no se nos escapa cuál es el consumo de combustible del vehículo y lo tenemos en cuenta a la hora de comprarlo”, ha ejemplificado el diputado de Medio Ambiente.
La certificación energética es obligatoria para los edificios de nueva construcción pero también para los que ya están funcionando. Partiendo del conocimiento del comportamiento energético de los edificios públicos de la provincia, la Diputación implementa, entre otros, programas para la instalación de calderas de biomasa, de las que ya hay ocho en la provincia, alumbrado LED de bajo consumo, y materiales que mejoren la envolvente térmica de los edificios públicos.
Se trata de “aislar mejor el edificio, poner mejores ventanas y puertas”, ha ejemplificado José Robles en referencia al ahorro energético que va a suponer la implantación de estas nuevas formas de construcción no solo en el ámbito provincial sino también nacional. Robles ha añadido que desde la Agencia Provincial de la Energía “se les está aconsejando” a los ayuntamientos a que adopten estas medidas que suelen comenzar por los propios edificios consistoriales.
Según las conclusiones a las que se han llegado con los 45 estudios energéticos presentados hoy por el vicepresidente Robles, hay un “pobre comportamiento energético” en el parque de los edificios públicos de la provincia. El 51 por ciento de estos inmuebles tiene un comportamiento energético malo o muy malo, el 25 por ciento tiene un comportamiento medio, y el del 24 por ciento es bueno.


En 2013 se aprobó el Real Decreto 235/2013 por el que se establece el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. Su objeto fundamental es certificar edificios y catalogarlos en función de etiquetas de eficiencia energética.
Como la gran mayoría de normativas de obligado cumplimiento, se establecen plazos que deben ser tenidos en cuenta por los representantes y propietarios de edificios afectados, en este caso la obligación de exhibir la etiqueta de eficiencia energética en edificios públicos.
Por todo ello, a través de los convenios municipales Granada es Provincia de la Diputación, dentro de los programas gestionados por la Agencia Provincial de la Energía, se puso a disposición de los municipios la posibilidad de realizar estos estudios para la ejecución del Real Decreto que establece que “los edificios, o unidades de edificios existentes, ocupados por una autoridad pública, deberán obtener un certificado de eficiencia energética y tendrán la obligación de exhibir su etiqueta de eficiencia energética según las superficies que se determinan”.
Los trabajos efectuados han consistido en la visita por parte de especialistas a cada uno de los inmuebles para recopilar información, evaluación de sus características, análisis de los datos obtenidos, edición de planos del edificio, evaluación de propuestas de mejora, emisión del certificado de eficiencia energética oficial, tramitación y registro en la Junta de Andalucía para, por último, realizar la etiqueta energética para su exposición en cada uno de los edificios.

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