La consejera andaluza de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha reclamado al Gobierno una flexibilización del "ritmo de consolidación fiscal" y un objetivo de déficit individualizado para cada comunidad autónoma, además de un reparto más equilibrado entre administraciones, al considerar que "sólo así" se podrá impulsar la inversión, favoreciendo el crecimiento de la actividad económica y el empleo.

   Montero ha realizado estas declaraciones en el Foro 'Desayuno con líderes' organizado por el periódico Ideal, donde ha impartido la conferencia 'Los retos de la hacienda pública andaluza', que ha centrado en aspectos como el proceso de consolidación fiscal, la reforma tributaria y el modelo de financiación autonómico.

   La consejera se ha referido a los estudios que señalan que las políticas de austeridad y recortes provocan una contracción de la economía y una bajada del empleo para afirmar que desde el Gobierno andaluz consideran que "la hoja de ruta que hemos emprendido como país no es correcta".

   A pesar de ello, ha defendido que la comunidad andaluza ha cumplido con todos los compromisos que se imponían en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

   Por eso, y desde la "legitimidad" que según ha dicho concede a Andalucía haber cumplido con el objetivo de déficit para 2013, ha solicitado al Gobierno flexibilizar el ritmo de la consolidación fiscal. En este sentido, ha advertido de que si Bruselas no hubiera dado "más margen" a España en el cumplimiento del objetivo de déficit y no hubiera otorgado un objetivo individualizado a las comunidades, "ahora no podríamos estar hablando de tasas positivas de crecimiento del PIB".

   Por ello, la consejera ha solicitado para 2014 un reparto más equilibrado entre administraciones y un objetivo individualizado para cada comunidad, "pues sólo así tendremos oportunidad de impulsar la inversión, que es la variable independiente para que haya crecimiento sostenido de la actividad y del empleo".

   Montero ha subrayado que Andalucía tiene un gasto corriente por debajo de la media, cumple con su objetivo de déficit y tiene una deuda pública del 15,7 por ciento del PIB, cuatro puntos por debajo de la media de las comunidades autónomas, que se sitúa en torno al 19,3 por ciento.

   "Pero incomprensiblemente", ha clamado la consejera, "todos estos datos no nos permiten establecer un objetivo de déficit más adecuado a nuestras necesidades para 2014".

POLÍTICA FISCAL

   Sobre la política fiscal, la consejera ha considerado que el Gobierno ha cometido tres errores de importancia: la subida de impuestos a las rentas medias y bajas, la subida del IVA, la reducción de recursos para la lucha contra el fraude y la amnistía fiscal.

   A su juicio, esta última ha conseguido unos efectos recaudatorios pobres, al tiempo que ha provocado que se instale una sensación de "impunidad" derivada de su aplicación.

   La consejera ha considerado que es necesario abordar una reforma fiscal más ambiciosa que favorezca incrementar la progresividad en los impuestos sin "ahogar la generación de riqueza" y que tenga en la lucha contra el fraude uno de sus principales ejes, recordando que desde el Gobierno andaluz ya se está trabajando en esta materia y en 2013 se han recaudado 278,8 millones de euros.

   No obstante, ha recordado que es el Gobierno central quien tiene capacidad de modificar la normativa básica tributaria y le ha reclamado que abra un debate en esta materia con las comunidades, a fin de impulsar una reforma fiscal consensuada y que cuente con el respaldo de las principales fuerzas políticas del país.

   No obstante, ha mostrado su temor a que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no vaya a ser "transparente" en este asunto, al tiempo que le ha instado a decidir si quiere una reforma que "nos haga crecer" o una que se deje "llevar" por el ciclo electoral que se avecina.

   Por ultimo, respecto al modelo de financiación autonómica se ha mostrado contraria a "quebrar los principios de igualdad" con un reparto basado en el PIB, apostando por un modelo "eficiente", "solidario", "sin privilegios territorios" y centrado en el criterio "poblacional, pudiendo garantizar de este modo el estado de bienestar y la cobertura plena de los servicios.