El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, ha destacado este viernes que el Gobierno andaluz "ha dado un paso" en defensa del derecho a la vivienda, de la función social de la misma y de la ley de esta función social, tras la apertura de dos procedimientos administrativos contra la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el conocido como 'banco malo', por incumplimiento de las obligaciones inherentes a la titularidad de sus viviendas protegidas en la comunidad autónoma, ya que "no es de recibo que si tiene viviendas y las tiene cerradas, no las ponga al disposición del conocimiento de la Junta".
En declaraciones a los periodistas en la Facultad de Ciencias Experimentales de Huelva, y preguntado por este asunto, Valderas ha tildado de "contradicción" el hecho de que el Gobierno haya recurrido "tan injustamente" la ley de función social de la vivienda, "dejándola en vía muerta, y ahora nos encontremos con que la Sareb tiene 1.000 viviendas, que las tendría que haber puesto a disposición y conocimiento de la Junta".
En cuanto a los expedientes, que pueden llevar multas que ascienden a un máximo de 109,44 millones de euros, ha precisado que "puede suponer sanción si ha incumplido con las obligaciones que la ley le marca, y esta le marca que las 911 viviendas debe ponerlas a disposición y conocimiento de la Junta por si la gente con necesidad pueda acceder a ellas".
Valderas ha dejado claro que "hoy lo que se observa es que estas viviendas ni están puestas en conocimiento ni están puestas en valor social", motivo por el cual la Consejería ha abierto estos procedimientos, que "pueden tener sanciones", ha insistido.
Por su parte, la Junta ha indicado en una nota que las posibles sanciones derivadas de estos procedimientos ascienden a un máximo de 109,44 millones de euros, siempre que la Sareb no acredite ante la Consejería que dirige Elena Cortés haber puesto a disposición de los registros públicos municipales de demandantes de vivienda protegida los al menos 911 inmuebles de esta tipología que posee en Andalucía.
El primer procedimiento se debe al supuesto incumplimiento de la disposición adicional séptima de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Vivienda Protegida y Suelo, introducida en su actual redacción por la Ley de Medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda, que establece la obligación de las entidades financieras de aportar a la administración pública inventario de las viviendas protegidas que se encuentren en sus balances. La Consejería ha notificado a la Sareb el acuerdo por el que inicia el expediente sancionador por infracción muy grave consistente en no comunicar dicho inventario en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la Ley de Función Social de la Vivienda.
La segunda sanción a la que se expone la Sareb, por 911 infracciones muy graves, responde a la supuesta vulneración del artículo 20m de la misma Ley de Vivienda Protegida, también introducido en su actual redacción por la Ley de Función Social de la Vivienda, que establece la obligación de cualquier persona física o jurídica de poner sus viviendas protegidas a disposición de los registros públicos municipales de demandantes.
