La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha defendido este jueves ante el Pleno del Parlamento la venta de inmuebles de titularidad de la Junta para mantener los servicios públicos esenciales, mientras que el PP-A la ha tachado de una operación "especulativa".
Montero ha manifestado que los criterios que se han seguido para sacar a la venta 75 edificios de titularidad de la Junta han sido utilizar todos los recursos que están disponibles para la administración autonómica para garantizar el objetivo fundamental, que es una adecuada prestación de los servicios públicos. Ha indicado que la enajenación de inmuebles de titularidad autonómica supone una vía adicional de financiación utilizada por casi todas las comunidades, con el fin de poder hacer presupuestos que mantengan el estado del bienestar.
Ha insistido en que la Junta se plantea esta operación como una fuente de financiación para garantizar los servicios públicos derivados de la imposición de un objetivo de déficit que es "injusto" para Andalucía. La comunidad autónoma, según ha agregado, se ve obligada, para mantener la sanidad o la educación, a enajenar parte de sus activos para hacer frente a esta época de crisis.
Montero ha lamentado que el PP-A venga ahora a reprochar al Gobierno andaluz que haga esta operación, cuando comunidades como la de Madrid o la Valenciana tienen consignados 718 y 365 millones de euros, respectivamente, por enajenación de activos.
Ha indicado que el caso de la finca de La Almoraima es el ejemplo más reciente de una "maniobra especulativa" por parte del Gobierno central, de vender parte del patrimonio de la comunidad. Ha agregado que en lo que respecta a la provincia de Sevilla, el Gobierno central ha sacado a la venta más de 15.000 propiedades, 178 de ellas en la capital.
A su juicio, el PP-A lo único que persigue es "manchar la imagen del Gobierno andaluz e intentar generar desconfianza" en la inversión en esta comunidad.
Por su parte, la diputada del PP-A Alicia Martínez ha manifestado que ha quedado claro que la Junta no tiene criterio en política de patrimonio y "viene dando bandazos" desde el cobro de la deuda histórica, que se negó a asumir en dinero "contante y sonante".
Ha indicado que en 2010 se previeron 1.000 millones de euros por venta de activos y, desde entonces, cada año va a la baja, con 300 millones este año. Asimismo, ha denunciado que la Junta ha puesto a la venta edificios históricos que forman parte del patrimonio de los andaluces, así como toda la sede de la Consejería de Agricultura, el Instituto Andaluz de la mujer, o las sedes de las consejerías de Salud, Empleo y Asuntos Sociales.
Se ha preguntado si lo siguiente van a ser San Telmo o el antiguo Hospital de las Cinco Llagas, sede del Parlamento. Ha señalado que la Junta solo pretende dilapidar el patrimonio de los andaluces, privatizándolo. Ha criticado que para el Ejecutivo andaluz, la venta de sus edificios es una operación buena, pero cuando lo hace el Gobierno central no lo es.
A juicio de Alicia Martínez, la Junta es la "mayor inmobiliaria de Andalucía" y ha indicado que esta operación de venta de inmuebles en modo alguno va a beneficiar a los andaluces.
