La Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado la fianza de responsabilidad civil de 4.089.639,45 euros que impuso la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares a la expresidenta del consejo de administración de la empresa de Dos Hermanas (Sevilla) Aceitunas y Conservas (Acyco) Encarnación Poto Monge, que se incluyó en un ERE que era "innecesario" y donde, además, fueron incluidos dos 'intrusos'.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla rechaza el recurso interpuesto por el abogado de la imputada, militante del PSOE y del sindicato UGT, que había solicitado que se dejara sin efecto la fianza civil impuesta o que, de manera subsidiaria, se limitara a 270.000 euros.
El tribunal explica que a la hora de fijar la fianza civil, la juez Mercedes Alaya tuvo en cuenta, en primer lugar, los 2,9 millones de euros correspondientes a los gastos generados entre 2004 y 2006 por el convenio tramitado para el ERE de Acyco, de cuyo consejo de administración era presidenta la imputada.
La Audiencia añade que, "con fines espurios y a sabiendas de su innecesariedad", Encarnación Poto fue "irregularmente" incluida en el citado ERE --en el que se incluyeron además dos 'intrusos'--, "con el correlativo cobro por su parte de indemnización por despido y prestaciones por prejubilación pese a que iba a continuar y continuó como presidenta del consejo de administración de la empresa, cobrando además las oportunas dietas".
Al hilo, destaca la "activa" participación de la imputada, ya que asistió a reuniones con el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y con el exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.
Asimismo, también asevera que Acyco recibió 109.620 euros de la Junta "como ayuda sociolaboral para mantener 144 puestos de trabajo, pese a que la plantilla era inferior, de lo que era segura conocedora" la imputada.
La Audiencia entiende que, de lo instruido, "se desprenden severos indicios racionales de criminalidad" que "la implican en la comisión de los delitos por los que fue en su día formalmente imputada sin haberlo recurrido", recordando en este punto que Poto se acogió a su derecho a no declarar ante Alaya, que le imputa sendos delitos de prevaricación, cohecho y obtención indebida de subvenciones.
A juicio del tribunal, "es ajustado acudir como criterio para determinar" la fianza civil "al importe del dinero público, bien obtenido fraudulentamente, bien aplicado en desviación de la finalidad para la que se concedió", todo ello incrementado en un tercio legal, por lo que confirma la cantidad impuesta por la juez a Encarnación Poto en concepto de fianza de responsabilidad civil.
