El Partido Popular quiere conocer qué "solución" tiene prevista la Junta de Andalucía para las familias que tenían iniciado un expediente de expropiación del uso de su vivienda, que ha quedado suspendido tras el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno central a la Ley andaluza de Función Social de la Vivienda, para evitar que sean "expulsadas" de dichos inmuebles.
Así lo solicita la diputada del PP-A Alicia Martínez en una pregunta con ruego de respuesta oral en la Comisión de Fomento y Vivienda dirigida a la titular de este departamento, Elena Cortés (IULV-CA), y que ya ha sido admitida a trámite por la Mesa de la Cámara.
En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, Martínez reclama en concreto a Cortés que detalle "qué solución va a ofrecer el Gobierno andaluz a las familias que tienen iniciado el expediente de expropiación para que no sean expulsadas de sus viviendas".
Según los datos difundidos por la Consejería de Fomento y Vivienda tras el recurso del Gobierno central ante el Tribunal Constitucional (TC), la Junta tenía 37 expedientes de expropiación del uso de viviendas no culminados, 14 de ellos en la provincia de Málaga; seis, en Granada; cinco, en Córdoba; cinco, en Sevilla; tres, en Cádiz; tres, en Almería, y uno, en Huelva. Además la Junta sí había culminado la expropiación del uso de dos viviendas, una en Torremolinos (Málaga) y otra en Huelva.
Tras la admisión a trámite del recurso y la consiguiente suspensión de la norma autonómica, la secretaria general de Vivienda de la Junta, Amanda Meyer, inició el pasado 27 de enero el envío de cartas a las entidades financieras que operan en Andalucía y a los juzgados que entienden de los 37 expedientes de expropiación no culminados para pedir la paralización de los procedimientos de ejecución o apremio que afecten a la vivienda que constituya la residencia habitual y permanente de personas en especiales circunstancias de emergencia social, en tanto no exista pronunciamiento definitivo del TC.
La Consejería de Fomento y Vivienda trabaja además en la petición de levantamiento de la suspensión cautelar al TC, sin necesidad de agotar los cinco meses de plazo máximo, por la desprotección "masiva del derecho a la vivienda que provoca la suspensión".
