El vicepresidente del Gobierno andaluz y consejero de Administraciones Públicas, Diego Valderas, ha mantenido este viernes que no es partidario de exigir "corresponsabilidad" en el caso de las subvenciones irregulares a UGT, como pidió el secretario general del sindicato, Cándido Méndez, sino de exigir "responsabilidad" a quien "no actuó bien", que, según ha subrayado, es lo que está haciendo la Junta de Andalucía.
"No se trata de corresponsabilidad, nosotros desde la Junta exigimos responsabilidad, en las parcelas de mala utilización de fondos públicos, a mucha gente que en su momento tuvo responsabilidades en el anterior gobierno y en el PSOE", ha dicho Valderas en una rueda de prensa en Madrid, donde ha presentado junto al coordinador general, Cayo Lara, la Conferencia sobre el modelo de estado que el partido celebrará este sábado.
En la misma línea, ha insistido en que "se trata de cumplir con la responsabilidad", para que el dinero público "se use para los fines que han sido adjudicado". "Si se puede demostrar que ha habido fines no aceptables, la Junta pide el reintegro de dinero, y lo hace con racionalidad y tranquilidad, sabiendo que efectivamente tiene que volver a las arcas públicas", ha defendido.
Valderas, que es coordinador de la ponencia sobre el modelo de Estado que la formación abordará este sábado, ha indicado que desde el 25 de marzo, el Gobierno andaluz entró "en un nuevo tiempo político" y, desde ese momento, "ha demostrado que es implacable frente a cualquier aspecto de opacidad , de falta de transparencia, de corrupción o de malos hábitos y prácticas".
Así las cosas, ha defendido que la acción del gobierno es, "alcance quien alcance la responsabilidad, defender los aspectos de legitimidad y ética del erario público". Al hilo de ello ha manifestado que en determinadas organizaciones, "incluyendo a UGT, ha habido prácticas, que no son aconsejables".
Ese tipo de comportamientos --ha añadido Valderas-- "nadie los puede compartir, ni si quiera Cándido Méndez". En cualquier caso, ha concluido haciendo hincapié en que UGT, CCOO y otras instituciones son "imprescindibles para la democracia y para la defensa de trabajadores".
