La consejera andaluza de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha defendido este jueves un que el nuevo modelo de financiación autonómica que se va a comenzar a debatir "blinde un nivel mínimo en la prestación de servicios públicos fundamentales", de manera que se garantice la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos ante la educación, la salud o los servicios sociales con independencia del lugar en el que vivan.
Durante su intervención en el Forum Europa Tribuna de Andalucía celebrado en Sevilla, Montero ha expuesto que para ello debería cuantificarse el coste promedio de estos servicios y establecerse un fondo de garantía de los servicios públicos fundamentales que garantice su cobertura, que corre a cargo de las comunidades.
Asimismo, la consejera ha anunciado que la Junta tiene en marcha en la actualidad reclamaciones al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, "por discrepancias en las liquidaciones de varios ejercicios, en el coste efectivo de traspasos y otras situaciones, por importe de 5.865 millones de euros".
Para Montero, el actual modelo de financiación autonómica ha contribuido "muy sensiblemente a la quiebra" del proceso de convergencia entre las regiones españolas, por lo que su revisión debe encaminarse a configurar un sistema "solidario y suficiente y que sea acordado multilateralmente entre el Gobierno y las comunidades".
Ha expuesto que esre nuevo modelo de financiación, además de un nivel mínimo en la prestación de servicios, deberá permitir la autonomía financiera de las comunidades; garantizar la solidaridad efectiva entre regiones; promover el equilibrio económico y la convergencia territorial, y evitar situaciones de privilegio económico y social.
La consejera ha expresado en este punto su preocupación por que el proceso de consolidación fiscal está agudizando la discriminación financiera que padecen algunas regiones y ha agregado que este proceso está obligando a comunidades como Andalucía a hacer un "sobreesfuerzo que repercute en el PIB, en el empleo y en el nivel de prestación de servicios y amenaza con agravar la distancia de renta per cápita con la media nacional".
Según ha señalado, lejos de contrarrestar esta situación, Montero ha lamentado que el actual modelo de financiación ha contribuido sensiblemente a la "quiebra" de este proceso de convergencia, ya que no ha garantizado un reparto equitativo de los recursos. Ha apuntado que en los tres primeros años de aplicación del sistema (2009-2011), Andalucía ha obtenido unos ingresos sensiblemente inferiores a la media, lo que ha ocasionado que a la comunidad hayan dejado de venir 2.821 millones de euros.
En este sentido, la consejera ha adelantado que la propuesta de Andalucía para reformar el modelo de financiación se centrará en corregir las diferencias existentes entre los recursos recibidos per cápita, ya que ello es lo que determina en gran medida "la igualdad entre todos los ciudadanos".
A su juicio, el nuevo modelo debería definir cuáles son políticas de gasto fundamentales y, en base a ello, blindar un equilibrio entre la Administración central y las autonómicas para que dispongan del mismo grado de cobertura de sus necesidades de gasto desde su ámbito competencial.
Asimismo, ha estimado que debe afianzar la equidad cuantificando el coste promedio de los servicios públicos esenciales y garantizando su cobertura plena mediante el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales o con otros mecanismos complementarios, de forma que los ciudadanos, con independencia del lugar donde vivan, reciban un nivel similar de prestaciones en los servicios públicos esenciales.
Montero ha advertido de que la reforma del modelo "no va a ser una tarea fácil", ya que hay posiciones contrapuestas. Respecto a Andalucía, adelantó que se rechazarán propuestas como las realizadas por Madrid y Cataluña, de limitar su contribución reclamando un reparto basado en el PIB, que quiebra los principios de solidaridad y convergencia, así como el cálculo de las balanzas fiscales en términos de flujo monetario, algo "inaceptable de acuerdo a los principios constitucionales de igualdad, solidaridad y convergencia territorial".
En la misma línea, ha apostado por eliminar o minimizar las situaciones de privilegio y, en todo caso, que se generen otras nuevas, ya que los resultados de la financiación de las comunidades de régimen foral son "abiertamente contradictorios con el mandato constitucional", aportando diferencias de hasta un 50 por ciento en la financiación por habitante a igualdad de presión fiscal.
REFORMA TRIBUTARIA
En su intervención, la titular de Hacienda se ha referido también a la próxima reforma tributaria que, según dijo, debería aprovecharse para mejorar la equidad y la progresividad. Para alcanzar este objetivo, la consejera ha propuesto ensanchar la base del sistema tributario español, consiguiendo ampliar el número de personas y empresas que contribuyen al mismo y eliminando las bolsas de fraude y la economía sumergida.
Ha anunciado que Andalucía apoyará las medidas que beneficien a los sectores más débiles, como dar un mismo tratamiento a las rentas del capital y del trabajo, o revisar los tramos del IVA de algunos productos consumidos mayoritariamente por las rentas bajas y medias o que tienen una especial importancia en comunidades como Andalucía, como son los productos culturales.
En su opinión, la reforma debería contribuir a garantizar la autonomía fiscal de las comunidades "otorgando suficiencia y capacidad para hacer frente a la prestación de los servicios públicos fundamentales". Sin embargo, la consejera ha explicado que hasta que el modelo de financiación no proporcione una suficiencia financiera real no es posible seguir avanzando en la autonomía fiscal, ya que sólo genera una competencia desleal por parte de algunas comunidades.
La consejera ha indicado que la Junta, pese a "no compartir muchas de las decisiones e imposiciones" que llegan desde Madrid, ha apostado por "la lealtad" con los compromisos internacionales del Gobierno de España, como pone de manifiesto el cumplimiento del objetivo de déficit de 2013, a pesar de no compartirlo. Ha lamentado que esa lealtad "no siempre es recíproca", enumerando varias normas que han afectado negativamente a los ingresos de la comunidades.
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