A veces me pregunto cómo es que hay responsables políticos a los que no se les cae la cara de vergüenza cuando toman decisiones que, se miren por donde se miren, no están en modo alguno fundamentadas desde un punto de vista ético y encima causan más perjuicio que beneficio. Y ésta es una de ellas.
Otra primera valoración no se me ocurre al ponerme a reflexionar sobre el injustificado recurso de inconstitucionalidad que en su día presentó el Gobierno del PP y que ha derivado en la suspensión cautelar de la denominada ley antidesahucios de la Junta de Andalucía.
Y digo que injustificado, en referencia al recurso, porque dicha ley no supone un atentado contra el derecho a la propiedad privada, ni muchísimo menos, como se sostiene desde el Ejecutivo. Convendrán conmigo que una cosa es una expropiación temporal de una vivienda y otra muy distinta arrebatársela a su legítimo dueño de manera definitiva sin posibilidad alguna de restitución. Algo que en la citada ley no está contemplado, que yo sepa. Y, si lo está, lo estará como excepción, pero no como regla.
El derecho a la propiedad privada no puede estar por encima ni del interés general ni, por supuesto, de otros derechos fundamentales, entre ellos el derecho a una vida digna. Es ésta una de las principales conquistas sociales del siglo anterior contemplada y respetada en todos los países civilizados y democráticos de nuestro entorno. Nadie, o casi nadie, se atreve a discutir la dimensión social de la propiedad privada y que esta institución no es tanto un bien por sí misma sino como por la función que cumple, o que, en todo caso, debería cumplir. Este debate está cerrado desde hace tiempo, incluso en el seno del liberalismo más ortodoxo.
Así que sorprende, por no decir que indigna, el hecho de que el gabinete del señor Rajoy se aferre a un argumento que, probablemente, hasta los representantes del Tea Party de los Estados Unidos de América no haría suyo y que esconde detrás de un más que discutible tecnicismo legal relacionado con una presunta invasión de competencias.
Es todo un insulto a la inteligencia de los andaluces tachar al gobierno de la Junta que preside Susana Díaz de castrista o prosoviético, como lo hacen, por adoptar medidas en defensa de las familias en riesgo de exclusión que no van contra nadie, que no infringen ningún principio de nuestra Constitución y que, a buen seguro, cualquiera con un mínimo de sensibilidad, a poco que se lo piense y medite, no puede sino considerar razonables y justas. Y más aún en los tiempos que corren y con la que sigue cayendo.
Resulta vomitivo lo que se les ha escuchado y se les escucha todavía a veces a algunos próceres de nuestra derecha más y menos reaccionaria en cuanto a este menester. De verdad, lo afirmo sin tapujos. Aunque haya a quien le fastidie y muy mucho.
Alemania, Francia, Holanda o Dinamarca ni son estados comunistas ni lo han sido y todos ellos comparten una legislación que otorga un tratamiento similar a los propietarios de viviendas desocupadas. De manera que uno no entiende a qué viene la guerra que en esta cuestión se le ha declarado a la administración autonómica de Andalucía sin caer en la sospecha.
El otro argumento no jurídico pero si dialéctico que esgrime el Ejecutivo para apoyar su recurso es tan inconsistente que no merecería ni comentario. Dice que la ley andaluza no es necesaria porque el gobierno ya ha tomado medidas en el mismo sentido para evitar que la gente más necesitada pierdas sus casas. Si es así, ¿dónde está el problema?
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