El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha abierto una actuación de oficio dirigida a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, dependiente de la Consejería de Salud, Igualdad y Políticas Sociales, para conocer y solventar las incidencias producidas en relación con el abono de los atrasos de la dependencia correspondientes a 2012 a través del plan de pago a proveedores. Asimismo, pretende conocer las actuaciones previstas para atender los pagos pendientes de 2013.
Según el texto de la actuación, consultado por Europa Press, en la Institución se ha venido recibiendo un "nutrido" número de quejas relacionadas con el impago por la Administración de los vencimientos anuales en que se fraccionaron los atrasos generados por los efectos retroactivos de los expedientes de reconocimiento de la situación de dependencia, con prestación económica para cuidados en el entorno familiar asignada.
La petición de los usuarios individuales, continúa la Defensoría, motivó que "nos interesáramos por la problemática que cada uno de ellos nos trasladaban en su caso particular, así como, tratándose de una cuestión colectiva común, que nos dirigiéramos en consulta general a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, con la finalidad de poder conocer el fondo del problema, trasladar la información veraz obtenida a los afectados y, en resumen, clarificar sus expectativas".
En ese momento, prosigue el texto, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia "respondió reconociendo tanto el impago de los pagos fraccionados de todos los beneficiarios en el año 2012, como la previsible persistencia del problema en los sucesivos vencimientos anuales", con fundamento en "dificultades de tesorería" derivadas de la actual coyuntura de crisis económica y las sucesivas disminuciones presupuestarias, aunque expresando la confianza en retomar el calendario de tesorería para hacer efectivas las cantidades adeudadas.
Esta última indicación, explica la Institución, hizo que por su parte "se inquiriese un nuevo informe, en el que se concretase, al menos de manera previsible o aproximada, el momento en que se estimaba que podría iniciarse el citado calendario de pagos", a lo que la entonces consejera de Salud y Bienestar Social explicó que si bien los pagos pendientes se harían efectivos, las medidas de reducción presupuestaria de la aportación estatal a la comunidad para la financiación de la dependencia, hacían necesario "acompasar en el tiempo las obligaciones contraídas", sin que, no obstante, pudiera aún determinarse cómo se organizaría el "calendario de pagos".
Así, la Oficina apunta que, posteriormente, la paralización de los procedimientos de dependencia "les llevó a realizar otras actuaciones de investigación adicionales, que culminaron en la emisión de un pronunciamiento en el que se sugerían diversas medidas de mínimos indispensables para la pervivencia del sistema", entre las que "se pidió a la Consejería la aprobación de un plan especial de financiación que permitiera afrontar el pago de las deudas acumuladas en el sistema de dependencia, incluido el abono de los atrasos y el pago puntual a las asociaciones que prestan algunos de sus servicios".
Esta propuesta, subraya, tuvo "una acogida favorable", ya que en el mes de septiembre se hizo público que la Administración había iniciado las gestiones que permitieran afrontar los pagos fraccionados vencidos pendientes y, más específicamente, los correspondientes a la anualidad del año 2012, a través del denominado plan de pago a proveedores, financiado por el Gobierno central. La Junta de Andalucía, en definitiva, "presentó al Gobierno estatal la deuda pendiente por pagos fraccionados de la dependencia, del año 2012, para su inclusión en el referido plan, justificando su pendencia mediante un documento de reconocimiento de deuda signado por cada beneficiario impagado".
La Defensoría valora "muy positivamente" la iniciativa de la Administración autonómica, dirigida a liquidar la deuda de la anualidad vencida en 2012, "no solo porque satisface los intereses frustrados de un gran número de dependientes afectados por el impago (al menos 20.000), sino porque, desde nuestra perspectiva, esta respuesta administrativa pone los cimientos para el resurgimiento paulatino del sistema".
Así las cosas, desde esta Institución "se ha comenzado a dar traslado de la materialización de los pagos a los destinatarios finales que comparecieron en queja, con la finalidad de conocer si su pretensión ha sido satisfecha y, en caso negativo, conocer las razones que lo han impedido, poniendo los medios oportunos para su resolución".
En este mismo sentido, la Institución señala que la Agencia Andaluza de Servicios Sociales y Dependencia les ha informado de que "a pesar del esfuerzo realizado, el elevado número de personas implicadas en el proceso de pago, ha provocado que se produzcan algunas incidencias que se solventarán a medida que se vayan detectando".
"Todo lo expuesto, en resumen, pone de relieve la importancia y utilidad de que, estando en curso el proceso de pago, esta Institución pueda contar con una más amplia información, que nos permita conocer la situación actual de la cuestión y trasladarla a los interesados que nos demandan ayuda, lo que a nuestro juicio, se traduciría en poder contar con datos específicos del número de beneficiarios que han sido o van a ser satisfechos a través de esta vía y, en su caso, los que hubieran quedado excluidos y la causa, así como, de existir, la previsión administrativa respecto de la deuda pendiente de la anualidad de 2013", concluye la actuación.
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