El letrado encargado de la defensa de los empresarios, Francisco Javier Aguilera, explicó que en las preguntas de la acusación una de las causas del incremento de la cifra "deviene de esos continuos abonos que se vienen realizado", pero que estando abierta la causa desde hace tres mes "se deberían paralizar".
En total, ayer fueron citados 110 implicados, entre empresarios y trabajadores, para comparecer ante el titular del Juzgado de Instrucción 9 de Granada.
En esta comparecencia y en la prevista para el 26 de marzo, el juez encargado de esta causa, José Luis Ruiz Martínez, continuará con la toma de declaraciones de los imputados en la primera fase de la operación, desarrollada en diciembre de 2008, después de que hace dos semanas hiciera lo mismo con otro centenar de implicados.
El letrado afirmó que la cantidad defraudada que se baraja está en torno a los seis millones de euros pero que se va incrementando a diario y no se puede definir todavía el montante global del fraude.
En cuanto a los más de mil implicados, el abogado considera que debe haber "una criba" porque una causa de estas características "no es normal" y ha asegurado que sólo se sabrá cuántos están imputados realmente cuando finalice la investigación.
En cuanto a los trabajadores que también se personaron ante el juez, su defensa les ha aconsejado que se acojan al derecho de no declarar para ver primero "hasta donde se llega procesalmente" y establecer así una "estrategia adecuada", según su letrado, Jesús Huertas.
A los implicados se les imputa falsedad documental y estafa, estando derivadas en el caso de los trabajadores por las prestaciones sociales de paro o ayuda familiar que recibían, añadieron.
En diciembre pasado el titular del Juzgado de Instrucción 9 de Granada, José Luis Ruiz Martínez, decretó prisión provisional para uno de los dos empresarios supuestamente responsables del fraude y acordó libertad bajo fianza de 6.000 euros para el otro.
Estos dos empresarios, responsables de Otipac Obras y Reformas y Arnusa Obras y Reformas, están acusados de fraude y falsificación en documento público en el marco de la operación policial, coordinada desde Madrid.
Según la investigación, las personas que acudían a los responsables de estas empresas pagaban cerca de 500 euros por recibir un contrato falso y ser dadas de alta en la Seguridad Social, a pesar de que no se llegaba a abonar el pago correspondiente a este organismo.
Un total de 179 personas, entre ellas cuatro empresarios, han sido detenidas hasta el momento en Granada en las dos fases de la Operación Genil, aunque el número de supuestos implicados supera los mil.
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