La Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros (Adicae) ha detectado 469 cláusulas abusivas en prácticamente todas las entidades financieras de España correspondientes a todo tipo de productos y servicios financieros, cifra que la asociación considera "mareante, propia de un país absolutamente al margen del derecho y la defensa de los derechos de los usuarios".
Después de efectuar un análisis pormenorizado de 278 contratos de 52 entidades diferentes, Adicae "ha podido comprobar cómo las entidades bancarias, prevaliéndose de su posición contractual de fuerza frente a los consumidores, han venido incorporando en todo tipo de contratos alrededor de medio millar de cláusulas abusivas".
Las cláusulas abusivas más habituales en los contratos analizados son el cobro irregular de comisiones, muchas veces sobrevaloradas e incluso duplicadas, la compensación injustificada de saldos, el cobro de intereses abusivos (generalmente de demora) y su capitalización, y cláusulas en las que la entidad prevé que ha informado al consumidor.
"Desde su posición de predisponente, las principales finalidades de las cláusulas abusivas de la banca son limitar los derechos de los consumidores y por tanto causarles un perjuicio; Limitar o exonerar la responsabilidad y obligaciones de las diferentes entidades y también obligar a los consumidores a sufragar y mantener costes y gastos muy elevados que en ocasiones no tienen siquiera la obligación de soportar. El objetivo, claro está, maximizar la ganancia, a costa de lo que sea", ha expresado la asociación en una nota de prensa.
Adicae ha analizado las ofertas de 52 marcas bancarias; muchas de ellas integradas en otras entidades mayores debido al proceso de absorción y fusión que se viene desarrollando desde el inicio de la reestructuración bancaria, por lo que todas las grandes corporaciones bancarias resultantes del proceso están afectadas por el fenómeno de las cláusulas abusivas. Tras detectar y recopilar todas las denuncias en un informe, la asociación las ha remitido al Instituto Nacional de Consumo (INC), la Agencia Catalana de Consumo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España.
De estas comunicaciones, que se añaden a las quejas que los propios consumidores remiten a los servicios de reclamaciones de estos organismos, "se vienen derivando actuaciones de advertencia que, sin embargo, las entidades financieras ignoran permanentemente", señala la asociación, que considera "indispensable dotar de mayor autoridad y capacidad sancionadora a los supervisores bancarios".
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