El juicio por el crimen de la calle Huertas, en Algeciras, cometido el 26 de agosto de 2011, ya tiene fecha. La Sección algecireña de la Audiencia Provincial verá el caso a partir del próximo 6 de marzo.
Aquella fatídica noche perdió la vida Agustín Vecín, conocido empresario algecireño que fue víctima de un robo violento perpetrado supuestamente por al menos cinco personas. 
Dos de los implicados inicialmente eran menores de edad en el momento de cometerse los hechos, lo que les excluye de la vista.
Los tres acusados adultos se enfrentan, según indicaron fuentes judiciales, a penas de hasta 20 años de prisión por homicidio, robo con violencia, hurto y uso de vehículo.
La vista oral se desarrollará en cuatro sesiones diferentes. La primera tendrá lugar el próximo 6 de marzo, y el juicio seguirá los días 10,12 y 13 de marzo, cuando está previsto que quede visto para sentencia.
Trágico desenlace
Los hechos se remontan al 26 de agosto de 2011, en el domicilio de Vecín, ubicado en el número 10 de la calle Huertas. Según los datos con que cuenta la Policía Nacional, el primero en entrar en la vivienda fue uno de los menores de edad, concretamente el de origen marroquí, a través de la ventana, desde donde habría abierto la puerta a los otros dos cómplices que permanecían fuera, uno también de origen marroquí y otro boliviano.
Según pudo saber este medio durante la reconstrucción del crimen, llevada a cabo en noviembre de 2011, en esa primera parte de los hechos todos los acusados coincidían. Los jóvenes habrían preparado el robo de la vivienda, con el objetivo de sustraer objetos de valor y los dos coches de alta gama -un Audi y un Mercedes- que el empresario algecireño guardaba en el garaje.
Ya dentro de la casa, se habría producido un forcejeo con la víctima, a la que supuestamente maniataron y amordazaron con un calcetín en la boca, el cual acabaría provocándole la muerte por asfixia, según recogía la autopsia.
Contradicciones
Sería a partir de este punto cuando comienzan las versiones contradictorias de los acusados, porque todos se iban echando la culpa del fatal desenlace.
Hay datos, sin embargo, sobre lo ocurrido posteriormente en los que los acusados sí coinciden, como fue el hecho de que posteriormente llegó un ciudadano mexicano, también mayor de edad, y que el segundo menor, de origen nacional, no llegó siquiera a entrar en la vivienda.
Una jueza de Algeciras dictó el pasado 18 de noviembre la primera sentencia en un contencioso de custodia compartida dada a conocer en el partido judicial, según el colectivo Custodia Compartida Campo de Gibraltar. La sentencia fue recurrida y ahora será la Sección V de la Audiencia Provincial la que la ratifique o la revoque.
La abogada y miembro de la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa), Juana Rivas, defendió el caso. Si bien la sentencia no es firme, se está aplicando desde su notificación. Los padres del menor tendrán la custodia una semana cada uno.
En casos de divorcios y separaciones de mutuo acuerdo, sí se han producido custodias compartidas, aunque ningún tribunal, en Algeciras, lo había dictado por el momento.
Desde el colectivo recordaron que “desde que se aprobara la Ley del Divorcio en España, allá por el año 1981, han tenido que pasar más de 30 años para que una sentencia en los juzgados de Algeciras dictaminase que un menor debe continuar conviviendo con su madre y con su padre.
Remarcaron que “hasta hace muy poco, las custodias compartidas solo se concedían en casos excepcionales. Ese criterio cambió en mayo de 2013. Desde entonces el Alto Tribunal sienta jurisprudencia y afirma que la custodia compartida debe ser “o normal y deseable”.
Dentro de todo el proceso judicial que se abrió tras la detención de estas cinco personas por el robo en la vivienda de Agustín Vecín y su homicidio, los acusados han ido sufriendo distintos movimientos penitenciarios.
El más relevante fue el de los tres adultos, los ahora juzgados, un ciudadano marroquí, un boliviano y un mexicano que tuvieron que ser trasladados desde Algeciras hasta la cárcel de Puerto II, en El Puerto de Santa María. Instituciones Penitenciarias adoptó esta medida debido a la presencia en Botafuegos de un funcionario de prisiones familiar de la víctima.
Además, estaban recluidos en una cédula de aislamiento, según fuentes consultadas en su momento por este diario, y sólo se les permitía la comunicación con sus abogados.
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