Andalucía

IU lleva al Parlamento la posible vulneración de derechos en la evaluación psicológica de personas transexuales

La diputada de IU pretende que Sánchez Rubio informe sobre qué actuaciones ha realizado o va a llevar a cabo la Consejería de Salud ante la citada queja, con el fin de restablecer los derechos de los pacientes que pasan por dicha unidad

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El Grupo de IULV-CA en el Parlamento de Andalucía ha elevado una pregunta al Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma en la que interpela a la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, con ruego de contestación oral ante Comisión, sobre las medidas adoptadas en relación con la posible vulneración de derechos en la evaluación psicológica de personas transexuales en el Hospital Provincial de Málaga.

   En la exposición de motivos de esta cuestión, suscrita por la parlamentaria de IU Alba Doblas y consultada por Europa Press, se indica que el 29 de octubre del pasado año se presentó una queja ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por parte de la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA), por vulneración de derechos humanos en la evaluación psicológica practicada por la Unidad de Transexualidad e Identidad de Género (UTIG) del Hospital Provincial de Málaga.

   Ante esto, la diputada de IU pretende que Sánchez Rubio informe sobre qué actuaciones ha realizado o va a llevar a cabo la Consejería de Salud ante la citada queja, con el fin de restablecer los derechos de los pacientes que pasan por dicha unidad.

   Cabe recordar que el pasado febrero, ATA explicó que había decidido dar este paso tras recabar "durante varios meses" testimonios de miembros de este colectivo que alertaban de que, en las evaluaciones previas a las que se sometían en dicha unidad, se les realizaban preguntas que "vulneraban el principio de igualdad, eran vejatorias porque atentaban contra la intimidad, solicitaban información de terceros y anulaban el derecho de autonomía personal".

   Por ello, ATA consideró que "se están vulnerando derechos y libertades fundamentales" como el de "la dignidad de la persona, la igualdad y la no discriminación por ninguna circunstancia personal o social", cuestiones que "ningún protocolo médico puede quebrantar", señaló entonces.

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