El Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla ya tiene en su poder el expediente de la ayuda, por valor de 1,7 millones de euros, que la Junta de Andalucía le concedió a la Fundación de la CEA para construir la promoción de VPO Isbylia de Sevilla Este y que no ha sido concluida, incumplimiento que ha llevado a toda la cúpula directiva de la patronal andaluza ante los tribunales por un delito de estafa.
Como ya adelantó Viva, la ayuda fue concedida en el año 2011 por Obras Públicas aunque su publicación oficial en el BOJA no fue efectiva hasta octubre de 2011, cuando ya las competencias de Ordenación del Territorio estaban en Medio Ambiente, Consejería que finalmente ha remitido el expediente a la titular del juzgado que tramita la denuncia por estafa interpuesta por los contratistas a los que ni la Fundación de la CEA ni Dolmen, la constructora inicial de la promoción, les había abonado más de medio millón de euros, cantidad que podría incrementarse en 1,5 millones más si se unían las demandas de otros afectados.
Medio Ambiente insiste, como ya explicó a Viva, que ese desfase entre la concesión de la ayuda y la publicación oficial se ha debido a “retrasos” provocados por un “proceso complejo, pero absolutamente legal y transparente”, insistiendo en que pedirán la devolución de esa cantidad si finalmente no se cumple el objetivo de la ayuda, que es la entrega de viviendas.
A pesar de esto, queda pendiente que la Consejería de Fomento mantenga la calificación o no de VPO para la promoción Isbylia, que afecta a 583 adjudicatarios.
Último tramo
La Junta siempre ha mantenido que la ayuda se concedió en 2011 -aunque se publicara en 2013-, fechas en las que la promotora Dolmen y la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa ya acumulaban retrasos en la promoción, cuyas viviendas deberían haberse entregado en 2010.
Al respecto, el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, aseguró el pasado viernes que el último “tramo” de la subvención fue concedida a la fundación en fechas recientes, pero que era a la investigación judicial a quien le correspondía determinar si ese dinero fue invertido correctamente.
“La Junta tiene dificultas para descubrir el destino del dinero si no se hubiera destinado bien”, reconoció, por lo que lo dejó en manos de la justicia.
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